Un reportaje de la plataforma digital Octuvre.cat, que dirigen Albano-Dante Fachín y Marta Sibina, sobre el escándalo de malversación de dinero público en la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), ha provocado un gran rifirrafe político en Manresa. En este trabajo periodístico, Octuvre.cat denunciaba la connivencia del alcalde de la ciudad, Marc Aloy (ERC), con esta trama, que, supuestamente, habría desviado decenas de millones a los bolsillos de sus directivos.
Todo arranca con una videoconferencia entre Jasone Latorre, jefe del Servicio de valoración y seguimiento de personas jóvenes ex-tuteladas (SEVAP) –una entidad creada por las fundaciones Resilis y Mercè Fontanelles– y un ex-trabajador de este servicio, alias Roger, que la grabó. En esta conversación, Jasone Latorre le decía a Roger que su trabajo era atender los jóvenes y que los pagos de subsidios no eran de su competencia.
Roger había detectado que algunos jóvenes ex-tutelados recibían indebidamente subsidios de la Generalitat, puesto que habían conseguido un contrato de trabajo y esto era incompatible, y que se facturaban a la DGAIA falsas residencias en los pisos para tutelados, inventando las firmas. Estas irregularidades las está investigando la Oficina Antifraude.
Octuvre.cat incide en la circunstancia de que Jasone Latorre fue de número 10 en la lista de ERC de Manresa en las últimas elecciones municipales y al hecho que las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles gestionan dos bolsas de viviendas sociales en Manresa para involucrar de lleno el alcalde Marc Aloy, que ha salido en tromba a desmentir estas acusaciones e insinuaciones. Por su parte, el grupo municipal de Junts, en la oposición, ha aprovechado el reportaje de Octuvre.cat para exigir explicaciones al alcalde de la ciudad.
Marc Aloy, que ha anunciado que emprendería acciones legales contra Albano-Dante Fachín y Marta Sibina, ha desmentido este intento de involucrar a ERC de Manresa en una trama de corrupción. Por un lado, ha aclarado que Jasone Latorre fue a su lista como independiente, pero que, más allá de esto, no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual con el Ayuntamiento de Manresa. En cuanto a las dos bolsas de viviendas sociales que gestionan estas fundaciones, ha reiterado que en ningún caso son municipales y que se trata de iniciativas privadas, sin ningún apoyo económico del Ayuntamiento.
El ambiente político en Manresa, donde gobierna una coalición ERC-PSC-Impulsem está muy caldeado. Por eso, se señala que las acusaciones de Octuvre.cat forman parte de una campaña para favorecer a Junts e, incluso, a Aliança Catalana, que tiene una importante presencia en la capital del Bages. Uno de los hombres fuertes de Sílvia Orriols es el manresano Oriol Gès, secretario de organización y finanzas del partido de extrema derecha, que prevé obtener muy buenos resultados en su ciudad.
La consejera condona las deudas
Se calcula que las prestaciones pagadas indebidamente por la DGAIA entre los años 2019-22 a jóvenes ex-tutelados suben a 4,7 millones de euros. La casuística más habitual es que estos jóvenes cobraron estos subsidios a la vez que tenían una nómina como trabajadores, hecho que es incompatible. El problema es que la Generalitat no lo detectó y los beneficiarios tampoco lo declararon, aunque Hacienda sí que les pidió cuentas.
Para solucionar este lío, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha impulsado un decreto ley para hacer efectiva la condonación de los pagos indebidos derivados de la gestión de prestaciones sociales en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Esta medida se explica en términos de justicia social, puesto que la reclamación de la deuda, especialmente si es de cuantía elevada, puede comportar un empeoramiento de la situación de vulnerabilidad de las personas beneficiarias y ser contrario a la finalidad propia de la prestación.
Puede leer el reportaje íntegro en la edición de la revista EL TRIANGLE de esta semana.
