La síndica de Greuges de Cataluña, Ester Giménez-Salinas ha alertado de las carencias en el seguimiento y el acompañamiento en el apoyo de los jóvenes extutelados al cumplir 18 años.
Así, Giménez-Salinas asegura en su informe El apoyo a la emancipación de los jóvenes extutelados que el 80% de los jóvenes entre 18 y 23 años que llegaron a la mayoría de edad dentro del sistema de protección no reciben prestaciones económicas.
La cifra no indica que todos los que no la reciben la necesitan, puntualizan desde la institución. En el caso de las prestaciones del servicio de vivienda, sólo el 20,6% de extutelados de 18 a 21 años que llegan a los 18 dentro del sistema la recibían. La síndica ha criticado los retrasos en la gestión tanto a la hora de gestionar y aprobar cómo denegar las prestaciones como a la hora de suspenderlas o modificarlas por cambios en la realidad de los beneficiarios. También ha constatado «graves carencias» en el seguimiento y acompañamiento.
En el estudio, la síndica explica que la cobertura de los programas de emancipación es insuficiente: «los programas de emancipación tan solo cubren a la mitad de los jóvenes al cumplir 18 años y, entre los que quedan excluidos, hay perfiles vulnerables», dice el informe.
La prevalencia de denegación de prestaciones es elevada: entre 2021 y 2023 se ha denegado más de una tercera parte de las solicitudes presentadas, aunque esta cifra ha ido mejorando en estos años.
El informe también pone de manifiesto que, mayoritariamente, estas denegaciones tienen que ver con burocracia excesiva y barreras administrativas, teniendo en cuenta el perfil de los jóvenes. Los retrasos en la tramitación de prestaciones económicas son excesivos: el tiempo medio supera los 10 meses (si se toman como referencia las solicitudes de prestación económica de los expedientes activos a 31 de diciembre de 2024).
Lentitud administrativa
Asimismo, se advierte que el proceso de extinción de la prestación es lento: para los expedientes extinguidos en 2024, pasan 18,1 meses desde que se propone su extinción hasta que se resuelve. Por el contrario, el acceso a la vivienda es bastante ágil: el 63,8 % de los jóvenes accede durante los tres meses posteriores a la mayoría de edad.
La síndica constata pagos indebidos, pero matiza que el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat sólo ha detectado un 20% de fraude de los expedientes revisados.
Pero, a la vez, queda evidente que la Administración no siempre ha actuado con celeridad al detectar cambios que generan incompatibilidades entre cobrar la prestación pública y pasar a tener ingresos propios. No obstante, la síndica dejó claro que en numerosos casos eran los propios jóvenes los que alertaban de que no les correspondía el cobro de las prestaciones.
Giménez-Salinas propone al Departamento de Derechos Sociales la reducción urgente de los tiempos de tramitación, la condonación de deudas originadas por disfunciones administrativas, la simplificación de los requisitos y circuitos de gestión, la integración de las prestaciones dentro del sistema de la renta garantizada de ciudadanía, la garantía de un seguimiento socioeducativo efectivo y, finalmente la protección legal y acompañamiento para los profesionales que alerten sobre irregularidades.
