La esperpéntica prensa laportista ha interpretado con su habitual ingenuidad -o ignorancia- que Joan Laporta haya aparentado una especie de giro hacia la sensatez y la necesidad de transformar la caótica administración del club, al estilo familiar, en una organización solvente, profesional y rigurosa. Pero no es así, para nada. El nombramiento de un Director General, Manel del Rio, con el que se pretende recuperar la figura del dimitido Ferran Reverter a los pocos meses de ser nombrado CEO del Barça tras las elecciones de 2021, no responde en realidad a que Laporta haya sentado a la cabeza, sino a la obligación legal de que un alto cargo ejecutivo actúe por delegación de la propiedad (los socios del FC Barcelona) y por mandato de la junta directiva a modo de responsable ante la ley del conjunto de las decisiones, sobre todo económicas, financieras y patrimoniales, que permiten el normal funcionamiento y gobierno del club.
Está bastante claro, a la vista del estilo con el que Laporta ha oficiado de presidente hasta hace unas semanas, que no necesitaba, al contrario, a Ferran Reverter, como tampoco a su equipo, ni al equipo al mando del Espai Barça y menos aún al vicepresidente económico, Eduard Romeu, al que tampoco le buscó sustituto, lo mismo que a la directora financiera ni al fiscalista, cargos todos ellos que fueron abandonando el barco laportista ante la magnitud de la tragedia. Le bastaba con el apoyo de Ferran Olivé como Tesorero y el voluntarismo y servilismo de Manel del Rio, sobreviviente de la fuga masiva de ejecutivo que, cerrando los ojos, la boca y los oídos, se ha ido ganando la confianza de Laporta para estar en las reuniones donde nadie que no sea de su clan, de su núcleo duro, puede estar presente.
Ahora, además de estar en el puesto de mando avanzado laportista, Manel del Rio deberá firmar como Director General supremo todas y cada una de transacciones y decisiones que antes, como Director de Operaciones, sólo supervisaba sin responsabilidad legal alguna.
El ascenso de Manel del Rio responde a la situación crítica de las cuentas azulgrana y a la papeleta que le tocará desempeñar en la próxima asamblea de compromisarios a la hora de explicarles la realidad del auditor, seguramente muy distinta de la que necesita imponer Laporta para que le compren su relato.
Traspaso de responsabilidades
Según la legislación, al director general de una sociedad le corresponden una serie de responsabilidades que varían dependiendo de si ostenta formalmente el cargo de administrador o actúa únicamente como alto directivo. En el caso de Manel del Rio asume las funciones plenas como primer administrador después de que en el nuevo organigrama Joan Laporta aparezca sin el añadido de ‘Presidente Ejecutivo’ como estos años tras la huida de Reverter, el último CEO conocido. Laporta ya dejaría de ser ante la ley el culpable de cualquier desaguisado, irregularidad o negligencia demostrable que pudiera acarrear cualquier condena civil o penal.
Por la naturaleza del cargo, el nuevo director general del Barça puede incurrir en responsabilidad civil en varios supuestos: contractual, derivada de su relación laboral o mercantil con la empresa; de representación cuando actúa con poderes otorgados por el órgano de administración, siendo responsable de cualquier perjuicio causado a los intereses del club por malicia, negligencia o infracción de órdenes recibidas y, finalmente, indirecta por perjuicios o daños dañosos al club.
En materia penal, el director general enfrenta una doble vía de responsabilidad, la directa por delitos que cometa mediante acciones u en el ejercicio de sus funciones y la empresarial por delitos cometidos por personas en las que haya delegado funciones o cuando no los haya evitado, infringiendo el deber de vigilancia y control derivado de su posición.
Como alto directivo, el director general también está sujeto a responsabilidades específicas en materia laboral, fiscal y de Seguridad Social, derivadas tanto de su condición de empleado como de las funciones ejecutivas que desempeña.
También, equivocadamente, se ha interpretado que los cambios estructurales organizativos y nombramientos obedecen a una reorientación que de papeles más relevantes a profesionales verdaderamente acreditados cuando la realidad es que Laporta se blinda con sus leales, como Enric Masip, Paloma Mikadze o el nuevo dircom, Gabriel Martínez, directamente vinculado y dependiente de Alejandro Echevarria, el gran ausente, una vez más, en una estructura en la que gana peso y poder, pero en ningún caso cargo conocido ni atribuciones públicas.
Laporta, por su parte, se librará, o mejor dicho, desviará, si procede, cualquier culpa o delito en la gestión en la figura de Manel del Rio, nuevo escudo legal del presidente y figura que ha exigido Goldman Sachs para tramitar e imponer las medidas necesarias si, como se ve venir, la financiación prevista para amortizar las primeras andanadas de intereses (44 millones a finales de diciembre) falla porque el Spotify no acaba de arrancar.
