El Gobierno de la Generalitat amplía la red de delegaciones en el exterior de las 21 actuales a 24. Así lo recoge el informe presentado al Consejo Ejecutivo por el consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, tras acordarlo este lunes con Esquerra Republicana de Catalunya.
Las tres nuevas delegaciones serán en China, Canadá y en el Mediterráneo Oriental. La Delegación en China, anunciada por el presidente Salvador Illa en el viaje oficial al país asiático a finales de julio, permitirá tener presencia institucional en una de las principales potencias económicas y geopolíticas del mundo.
Según el Gobierno, con la Delegación en el Mediterráneo Oriental, con sede en Jordania, el Gobierno pretende fortalecer la presencia de Cataluña en una región de interés estratégico y reafirmar su compromiso euromediterráneo y con las políticas de cooperación al desarrollo.
La apertura de la Delegación en Canadá, país que hasta ahora dependía de la Delegación en Estados Unidos, responde a la voluntad de reforzar la relación de Cataluña con un socio histórico en América del Norte y de favorecer, especialmente, los intercambios comerciales en un momento de tensiones arancelarias.
Reubicaciones en países prioritarios
Más allá de las aperturas, durante esta legislatura el Gobierno resituará las sedes de cuatro delegaciones: la Delegación del Gobierno en el Norte de África se establecerá en Marruecos, en lugar de Túnez, con el objetivo de reforzar la cooperación económica con uno de los principales centros financieros del norte de África y de ubicarse en el mismo país que la oficina de ACCIÓ.
Por su parte, la Delegación en África Meridional, que estaba destinada en Sudáfrica, pasará a denominarse Delegación en África Meridional y Oriental y se ubicará en Kenya, para promover la participación de Cataluña en organismos multilaterales. En el país africano está el complejo de Naciones Unidas más grande del mundo, que acoge el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), así como otros programas, agencias y fondos de la organización.
La Delegación en el Sureste de Europa dejará de estar situada en Croacia y se trasladará a Rumanía, un país con un importante peso en la región por su proximidad a los Balcanes, pero, también, a Ucrania y a Moldavia, países fronterizos de la Unión Europea y candidatos a formar parte de ella.
La Delegación en Brasil se resituará de Río de Janeiro en São Paulo, donde también está la oficina de ACCIÓ, para reforzar la presencia catalana en un centro económico clave.
Prioridad
El Ejecutivo ha fijado la consolidación y la ampliación de las delegaciones en el exterior como una prioridad de esta legislatura. El objetivo es garantizar la coherencia de las delegaciones con las prioridades del Gobierno y de Cataluña, mejorar su eficiencia y adaptarlas a los cambios globales.
Con este espíritu, a finales de julio aprobó el Plan de consolidación de las delegaciones del Gobierno en el exterior, en el que se establecen las bases de un nuevo modelo de gestión para mejorar su funcionamiento.
Entre las áreas de intervención de este Plan, está la mejora de la coordinación institucional con el resto de organismos de la acción exterior del Gobierno y con los servicios centrales del Departamento de Unión Europea y Acción Exterior.
También se incluyen la coherencia jurídica y presupuestaria, la gestión armonizada de los recursos humanos o la mejora del impacto comunicativo de la acción exterior del Gobierno.
En cuanto a los ámbitos geográficos de las delegaciones, el Ejecutivo quiere reforzar la presencia institucional catalana en países prioritarios en el actual contexto internacional y promover un modelo de «delegación única», agrupando delegaciones y oficinas sectoriales del Gobierno en un único espacio para mejorar su coordinación.
Las aperturas y reubicaciones se irán concretando, próximamente, con los respectivos acuerdos del Gobierno. La elección de los delegados o delegadas que las lideren se llevará a cabo, como siempre, mediante un proceso público que garantice la máxima participación y transparencia.
