Sánchez anuncia el embargo de armas a Israel

España prohibirá la entrada de los autores del genocidio y el paso de barcos y aviones que transporten armas y combustible

Bluesky

España toma medidas contra Israel. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana nueve medidas para ayudar a detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus autores y apoyar a la población de Palestina. Entre estas medidas está el embargo de armas y la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar en Israel.

El Consejo de Ministros también aprobará, tras un acuerdo entre el PSOE y Sumar, la prohibición de acceder a territorio español a las personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja.

En una declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha recordado que el Gobierno español ha condenado los ataques terroristas de Hamás, pero ha añadido que «con la misma convicción» cree que «una cosa es proteger tu país, y otra muy diferente bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas».

Según el presidente español, la reacción del presidente Netanyahu es «una nueva oleada de empleos y un ataque injustificable a la población palestina» que la relatora de la ONU califica de «genocidio», con 63.000 muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de personas desplazadas.

«Esto no es defenderse, ni siquiera es atacar, es exterminar a un pueblo indefenso y transgredir las leyes del derecho humanitario». «España no tiene bombas nucleares, portaaviones ni grandes reservas de petróleo, y nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que lo dejemos de intentar».

En este marco, el presidente español ha recordado que en los dos últimos años España ha adoptado «medidas valientes», impulsando resoluciones de la ONU, sumándose a las causas del Tribunal Penal Internacional (TPI), enviando ayuda a Gaza, cerrando la venta de equipamiento militar a Israel y aumentando la ayuda a Palestina, y también ha impulsado procesos políticos clave como el reconocimiento internacional de Palestina y una alianza internacional para implementar la solución de los dos estados.

«Todo ello no ha conseguido frenar la masacre», ha admitido.

Nueve medidas

Por ello, ha anunciado que el ejecutivo ha decidido dar «un paso más» con nueve acciones para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus autores y apoyar a la población Palestina.

El primero es la aprobación de un decreto que «consolide jurídicamente» el embargo de armas que se aplica desde 2023 y que establezca la «prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar en Israel».

En segundo lugar, la prohibición del tráfico a puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

En tercer lugar, la denegación de la entrada al espacio aéreo español en todos los aviones que transporten material de defensa al Estado de Israel.

La cuarta medida es la prohibición a acceder a territorio español a las personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja.

La quinta es la prohibición de la importación de productos procedentes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, «para combatir estas ocupaciones y frenar el desplazamiento forzoso».

La sexta es la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en asentamientos ilegales, que quedarán restringidos al mínimo.

La séptima el reforzamiento del apoyo a la Autoridad Palestina con un incremento de los efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad Palestina en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.

La octava es la ampliación de la contribución española a UNRWA en 10 millones de euros adicionales.

Y la novena es el aumento de la ayuda humanitaria a Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

«Sabemos que todas estas medidas no son suficientes para frenar los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión a Netanyahu y su gobierno y para aliviar el sufrimiento de los palestinos». También, según Sánchez, para que «la sociedad española sepa que en uno de los momentos más infames del siglo XXI España estuvo en el lado correcto de la historia».

El anuncio de Sánchez va un paso más allá en las decisiones adoptadas esta legislatura. El 28 de mayo de 2024 el Consejo de Ministros aprobó el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, con las fronteras previas a 1967, y en julio de 2025 el PSOE y Sumar impulsaron en el Congreso una proposición de ley para incorporar a la legislación española el embargo de armas a Israel.

Además, en noviembre de 2024 Sánchez presidió la primera reunión intergubernamental entre España y Palestina y este 2025 impulsó, junto con Palestina, una resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU que exige el levantamiento inmediato del bloqueo sobre Gaza.

Doble moral europea

La semana pasada, en una entrevista en The Guardian, Sánchez criticó la inacción y la doble moral de Europa sobre Gaza, y en su visita a Londres, Sánchez y el primer ministro británico, Keir Starmer, reafirmaron su posición a favor de la solución de los dos estados.

La iniciativa se alinea con la vía que apunta la proposición de Ley impulsada por Sumar, ERC, Podemos y BNG en el Congreso de los Diputados para el embargo de armas a Israel. En mayo el Congreso aprobó la toma en consideración con el apoyo del PSOE y de Junts por 176 votos a favor y 171 en contra.

El texto propone reformar la Ley sobre el control de comercio exterior en material de defensa y de doble uso para introducir la figura del embargo. Se aplicará a estados que han sido demandados por genocidio, crímenes de lesa humanidad o infracción de los convenios de Ginebra ante un tribunal internacional que tenga jurisdicción ratificada por España, siempre que la demanda no haya sido inadmitida a trámite.

La proposición de ley avala que las autoridades españolas deberán inspeccionar y controlar todos los cargamentos con destino directo o indirecto a un estado afectado por el embargo.

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