Desde 1996 he escrito docenas de artículos en diarios, sobre todo en El País y el Avui y también en revistas y en mi blog sobre los delitos de incitación o justificación del genocidio, negación del Holocausto y promover la rehabilitación de regímenes que cometieron genocidios. Delitos tipificados desde 1995 en los artículos 510 y 607 del Código Penal, que tras sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional sobre los casos de las librerías Europa y Kalki de Barcelona, haciendo prevalecer la libertad de expresión, tumbaron parcialmente el redactado de estos artículos que tuvieron que ser reformulados en el año 2015 con un nuevo redactado. Redactado que pronto tendrá que volver a pasar la revisión por parte del Tribunal Constitucional tras la nueva condena de prisión impuesta por la Audiencia de Barcelona hace ahora un año al editor neonazi, Pedro Varela.
El primer artículo sobre la cuestión lo publicó en El País 14 de diciembre de 1996 cuando los Mossos d’Esquadra registraron la librería. Proceso que llevó al juicio que se celebró, el 16 de octubre de 1998, al que asistí y en el que junto con SOS Racismo hacían de acusación particular varias asociaciones a las que acompañaba Simon Samuel, presidente del Centro Wiesenthal en Europa. La sentencia condenó por primera vez al propietario de la librería Europa, Pedro Varela, que la recurrió al Constitucional que finalmente le daría parcialmente la razón argumentando que negar el Holocausto era legítimo ya que prevalecía la libertat de expresión y el derecho a interpretar la historia. Sobre aquel batacazo del Constitucional que contradecía lo que se estaba regulando en el resto de estados de la Unión también escribí varios artículos en los que abordaba la cuestión desde un punto de vista jurídico. Uno de estos artículos, el titulado «Odio racial con impunidad», lo publiqué en El País el 8 de marzo de 2008 y era muy crítico con la sentencia. Y motivó que poco después lo hablara personalmente con el vicepresidente del Tribunal Constitucional que había sido ponente de la sentencia, que me argumentó de nuevo la libertad de expresión.
En mayo de 2009 asistí a los actos de conmemoración de la liberación del campo de Mauthausen en un viaje de cuatro días en el que también estaban personas destacadas de la comunidad judía catalana, como Jaime Vándor, uno de los de 5.200 judíos húngaros salvados de Holocausto de la Cruz Flechada y las SS en Hungría en 1944, gracias a la actuación del diplomático español, Ángel Sanz Briz, y del italiano Giorgio Perlasca. Vándor me explicó su periplo y sobre él publiqué un emotivo artículo en El Periódico el 21 de marzo de 2014 con motivo de su muerte. También venía con el grupo o delegación catalana a Mauthausen el publicista judío Lluís Bassat con quien conversé largamente y me explicó la historia de su familia sefardita, parte de la cual fue víctima de la Shoà o Holocausto.
Para el seguimiento que hice sobre la cuestión, en el año 2013 recibí de varios diputados y de la propia Fiscalía los borradores de nuevo articulado que estudiaba el Ministerio de Justicia en los que, recogiendo una directiva europea, instaba a penalizar la negación del Holocausto de los seis millones de judíos, y evitar que prosperaran los recursos de futuros condenados que alegarían de nuevo el derecho a la libertad de expresión. Y uno de los borradores que estuvo a punto de aprobar el Consejo de Ministros para remitir a las Cortes, tipificaba como delito la negación de actos perpetrados desde la Segunda Guerra Mundial y que tribunales internacionales como el de Nuremberg y otros posteriores como los específicos para las guerras de la antigua Yugoslavia, Rwanda y la nueva Corte Penal Internacional calificaran los hechos como genocidio. Si aquel redactado hubiera prosperado sería delito hoy en España negar el Holocausto judío y el genocidio perpetrado por las milicias serbias en Srebrenica en 1995, pero no el de los armenios de comienzos del Siglo XX. Finalmente, el redactado aprobado omitió este corte histórico y castiga genéricamente a «aquellos que públicamente nieguen, trivialicen o enaltezcan delitos de genocidio y lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores cuando se hubieran cometido contra un grupo o un parte del mismo».
Esta pasada semana la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio (IAGS) anunció que la conducta de Israel en Gaza cumple la definición legal establecida en la convención de la ONU sobre el genocidio, detallando una serie de acciones emprendidas por Israel durante la guerra de 22 meses que la asociación reconoce como constitutivas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La IAGS es la asociación profesional de expertos en genocidio más grande del mundo e incluye a numerosos especialistas en el Holocausto perpetrado por los nazis contra judíos, gitanos y homosexuales.
He defendido reiteradamente que el Holocausto sí que existió y que negarlo o minimizarlo debe tener persecución penal, y me duele que por posicionarme primero contra la negativa de Israel a desarrollar los Acuerdos de Oslo y permitir la creación de un estado palestino viable, por rechazar la expansión de los asentamientos, y calificar ahora de genocidio lo que hace Israel en Gaza, como he escrito varias veces en EL TRIANGLE, desde entidades de la llamada Comunidad Judía de Cataluña y asociaciones catalanas de amigos de Israel, se me acuse de antisemita, ignorante y filonazi.
Estos años por posicionarme contra los grupos ultras neonazis he recibido todo tipo de amenazas, pintadas y mensajes en Twitter (hoy X) llamándome varias veces «judío y maricón«. Incluso una vez me encontré una bala entre el capó y el parabrisas de mi coche, que evidentemente no llegó volando como las hojas de los árboles que se depositan allí. Nada de eso me espanta. Pero me duele esta falta de autocrítica de las entidades y pro Israel de Cataluña.
En Israel hay voces minoritarias pero importantes, como la del ex presidente del Parlamento, Avraham Burg, entrevistado hace unos días por TV3, que dice que se debe llevar a un Tribunal Internacional a los actuales líderes del país por los crímenes de guerra que están cometiendo. Y también en Cataluña hay ovejas negras que se manifiestan contra la política criminal de Israel. Pero las entidades que se atribuyen la representación de los judíos catalanes y las asociaciones catalanas amigas de Israel no sólo siguen negando que lo que se hace hoy en Gaza es muy parecido a lo que hacían las SS en el gueto de Varsovia o la Cruz Flechada en Hungría. No cuestionan que «Abrir las puertas del Infierno en Gaza» como anunciaba hace unos días un dirigente israelí que dejaba claro que no quedaría en pie ninguna casa, es un delito de genocidio. Y más allá del mal que hacen a los palestinos con el hambre y las bombas, no se dan cuenta de que con ello sólo conseguirán más odio y motivos para nuevas venganzas. Y los que ejecutan o aplauden los crímenes que Ben Gvir y Netanyahu diseñan son corresponsables del genocidio y de un odio hacia Israel que crecerá y perdurará durante generaciones.
