A medida que los abogados defensores de los 18 condenados por la primera pieza del caso Banca Privada de Andorra (BPA) van digiriendo los 6.180 folios de la sentencia emitida por el Tribunal de Corts, su estupefacción va en aumento, ante la debilidad de los argumentos jurídicos de los magistrados y su desproporción con las durísimas penas impuestas, que suman 84 años de prisión y 66 millones de euros de multas. En este contexto, se extiende la convicción que es una “sentencia a medida”, con el fin de cubrir las espaldas del fiscal general Alfons Alberca -actual miembro del Tribunal de Corts- y de la juez instructora, Canòlic Mingorance, verdaderos artífices de este procedimiento judicial.
Cabe señalar que, después de cinco años de juicio oral y constatando las pruebas aportadas y cómo se habían desarrollado los interrogatorios, los abogados defensores estaban convencidos que sus clientes serían absueltos o, en todo caso, condenados con ligeras penas. No ha sido así y el Tribunal de Corts, formado por Enric Anglada, Jacques Richiardi y Concepció Barón, ha dictado una sentencia extremadamente severa que no hace más que incrementar la angustia y el calvario de los ex-directivos y ex-empleados de la BPA imputados en esta causa.
Dinero del narcotráfico colombiano
Contrasta este sadismo con el sorprendente trato benevolente que el Tribunal de Corts y la Fiscalía dispensaron, no hace demasiado, a dos conocidos empresarios del país, Daniel Armengol (conocido como “El sheriff”) y Denis Marot. Al igual que los condenados de la BPA, estos dos empresarios también estaban acusados de blanqueo de dinero, pero con una sustancial diferencia: Daniel Armengol y Denis Marot blanquearon dinero del narcotráfico colombiano y en el caso de la BPA se trataba de productos de marroquinería que el empresario Rafael Pallardó compraba y pagaba en China.
En una sentencia del 14 de septiembre del 2023, el Tribunal de Corts, con la participación de los magistrados Enric Anglada, Jacques Richiardi y Carolina Bailén, condenó a los empresarios Daniel Armengol y Denis Marot a tres años de prisión condicional y a sendas multas de 120.000 y 60.000 euros por blanquear 3,6 millones de euros procedentes del narcotráfico colombiano. A efectos prácticos, esto quiere decir que estos dos empresarios, socios fundadores del poderoso grupo de construcción Heracles, no han pisado la prisión de la Comella y se pasean tranquilamente por Andorra.
Pacto con la Fiscalía
En este caso de blanqueo de dinero del narcotráfico, la sala del Tribunal de Corts dio por bueno y asumió el pacto al cual llegaron previamente los fiscales Borja Aguado y Patrícia Silvestre con los abogados Xavier Jordana y Antoni Duró, en representación de los dos empresarios encausados. El juicio oral, por lo tanto, fue un visto y no visto: los acusados aceptaron ante el tribunal los graves delitos que cometieron y también las ventajosas condenas que sus letrados habían acordado con la Fiscalía.
Entre el caso de estos dos empresarios y el de la BPA hay también una sustancial diferencia: la actuación de la Fiscalía. Mientras, de un lado, los fiscales Borja Aguado y Patrícia Silvestre se avinieron a negociar un pacto muy beneficioso para Daniel Armengol y Denis Marot, el fiscal general, Alfons Alberca, exhibió una implacable dureza contra los acusados de la BPA, sometiéndolos a maratonianos interrogatorios y acusándolos de horribles acciones.
La sobrina magistrada
La sospecha que en Andorra la justicia actúa con dos varas de medir, en función de quién seas y los padrinos que tengas, ha quedado confirmada con la abismal diferencia de trato que hay entre estas dos sentencias, que deslegitima la supuesta imparcialidad que debería tener el Tribunal de Corts.
Otra reflexión que suscita inquietud y malestar entre los abogados. La magistrada Anna Estragués es la sobrina de Daniel Armengol y formaba parte del Tribunal de Corts cuando su tío y Denis Marot obtuvieron este escandaloso trato de favor. Ahora, Anna Estragués es la presidenta de la sala de lo penal del Tribunal Superior, que es la instancia que tendrá que analizar y sentenciar los recursos que presenten los abogados defensores de los 18 condenados por el caso BPA.
