Comienza el trayecto de la futura Ley de la Dirección Pública Profesional de la Generalitat, pues el Consejo Ejecutivo aprobará mañana martes su memoria preliminar.
El objetivo general de esta iniciativa es reforzar la calidad institucional y la capacidad directiva de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de su sector público institucional mediante el impulso de un modelo específico de dirección pública profesional orientado al ejercicio de la función con responsabilidad gerencial y al cumplimiento de objetivos.
En este sentido, el Gobierno catalán considera que el espacio político debe definir los objetivos estratégicos y las prioridades mientras que la dirección pública profesional debe gestionar los recursos, los procesos y las actividades para conseguir la consecución de los objetivos eficientemente.
Este modelo, que sigue las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), debe permitir dotar a la administración de la Generalitat de una gobernanza robusta de arquitectura estable, coherente y orientada a resultados en el ámbito directivo.
Dos niveles
La iniciativa plantea dos niveles de directivos públicos profesionales: un primer nivel que incluye las direcciones generales, direcciones de servicios y puestos asimilados, a los que se aplica supletoriamente el régimen de los altos cargos; y un segundo nivel integrado por puestos directivos de la Generalidad, ocupados por funcionarios de carrera en servicio activo que ejercen funciones directivas en las subdirecciones generales y puestos de trabajo asimilados.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, se han reunido con el politólogo especializado en gestión pública Antoni Biarnés y el economista Carme Poveda, los dos en representación del Foro de Entidades por la Reforma de la Administración (FERA). También han asistido Josep Santacreu, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, y Xavier Panés, presidente de la patronal catalana CECOT, dos organizaciones que también forman parte de la FERA. .
Los miembros iniciales del Foro de Entidades para la Reforma de la Administración son: Cámara de Comercio de Barcelona, Cecot, Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, Colegio de Profesionales de la Ciencia Política y de la Sociología de Cataluña (Colpis), Colegio de Economistas de Cataluña, Club de Dirección Pública SGS Alumni, FemCat, La Asociación Catalana de Profesionales, La Asociación Catalana de Gestión Pública (ACGP) y Mesa del Tercer Sector Social. El pasado mes de noviembre, el FERA presentó su manifiesto, con el apoyo de más de 300 entidades del mundo económico y social, donde se recogía la apuesta por la regulación del directivo público profesional.
Por su parte, la CETRA, el grupo de expertos que trabaja en la reforma de la administración, también ha propuesto sacar adelante esta iniciativa. Carles Ramió y Joan Canalda, en representación de la CETRA, también han participado en la reunión de hoy, donde se ha acordado dar impulso a la ley y avanzar en su tramitación. Al encuentro, también se ha invitado a representantes de los sindicatos CCOO y UGT para informar del desarrollo de la propuesta.
Reforma de la Administración
El impulso del directivo público profesional, como piden diferentes entidades de la sociedad civil y proponen los expertos de la CETRA es, de hecho, uno de los puntos clave en la estrategia de reforma de la Administración y mejora de los servicios públicos que el Gobierno aprobó poner en marcha en octubre pasado.
Desde entonces, y aparte del impulso a esta ley con la aprobación de la memoria preliminar mañana, el ejecutivo, entre otros, ya ha aprobado la incorporación de consejeros independientes a los consejos de administración de las empresas públicas dependientes de la Generalitat; la transformación del ecosistema digital de la Generalitat; un nuevo sistema de atención ciudadana; la incorporación de 2.000 alumnos en prácticas remuneradas a la Administración de la Generalitat y su sector público; el pago de ayudas a los estudiantes que quieran opositar; la creación de la nueva Dirección General de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Datos en la Administración y, finalmente, el impulso, con los grupos parlamentarios de Socialistas y Unidos para avanzar, ERC y Comunes de una proposición de ley para introducir el derecho al error y eliminar la cita previa.
