La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción en España por la intervención del Gobierno en la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. En un comunicado publicado este jueves, esta institución considera que la ley española sobre la defensa de la competencia, que faculta al Consejo de Ministros a decidir sobre operaciones de concentración bancaria, no está alineada con los tratados de la Unión Europea (UE).
En concreto, según la Comisión, el texto choca directamente con reglamentos europeos como el mecanismo único de supervisión, la directiva sobre requisitos de capital y los tratados de funcionamiento de la UE, que establecen cuáles son las competencias de los estados miembros en operaciones de fusión bancaria. Según el ejecutivo comunitario, la normativa española puede socavar los poderes del Banco Central Europeo (BCE), que en operaciones de esta magnitud es la autoridad competente.
La ley española 15/2007 sobre la defensa de la competencia establece que el Consejo de Ministros «podrá valorar concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés generales distintos de la defensa de la competencia», y contempla entre los supuestos la defensa y la seguridad nacional, la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional y la garantía de un mantenimiento «adecuado» de los objetivos de regulación sectorial.
Aparte de fijarse en la ley española sobre la defensa de la competencia, Bruselas también da un toque de atención a España por el Real Decreto 84/2015 sobre Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, que en el artículo 11 establece que «corresponde al ministerio de Economía autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en los que intervenga un banco».
El expediente, además, también ha señalado la disposición número 12 de la ley 10/2014, que también otorga competencias al ministerio de Economía en la autorización de operaciones de fusión bancaria como la del BBVA y el Banco Sabadell.
Origen y horizonte del procedimiento
El procedimiento de infracción abierto este jueves nace de la denuncia de un ciudadano que había alertado a la Comisión Europea de posibles brechas entre la legislación española y el derecho de la Unión Europea en la operación.
Con la apertura del expediente, Bruselas inicia un proceso para que España impulse un cambio legislativo que, en caso de no producirse, podría acabar elevándose a la justicia europea y derivando en sanciones económicas. De esta manera, asimismo, la Comisión notifica por carta a España de este primer aviso y le da dos meses para contestar.
No obstante, el procedimiento no constituye un freno a la operación, aunque faltará ver si los servicios jurídicos del BBVA y los del Sabadell lo utilizan de argumento en su negociación.
El gobierno no suspende las condiciones
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado este jueves que el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea (CE) contra España no afecta a las condiciones que el ejecutivo planteó en la opa.
«El inicio de este procedimiento no suspende la eficacia del acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la operación entre el BBVA y el Sabadell», ha explicado en declaraciones a la prensa desde el Senado.
Sin embargo, ha dicho que el paso de Bruselas afecta a dos leyes españolas con más de diez años de vigencia. «Daremos la información que se nos pida y colaboraremos de manera constructiva», ha remachado.
