La sala grande del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra este martes por la mañana una vista en Luxemburgo por las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas en la causa por gastos vinculados al 1-O y al Departamento de Exteriores de la Generalitat de Catalunya. En esta primera sesión, relativa a la responsabilidad contable de los líderes del proceso independentista, el TJUE analizará si los gastos del procés afectan a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), entre otras cuestiones. Por la tarde será el turno de las dudas de la Audiencia Nacional sobre la aplicación de la amnistía en el caso de la operación Judas contra los CDR, y el TJUE estudiará si amnistiar delitos de terrorismo respeta la legislación antiterrorista de la UE.
Los abogados de la treintena de ex altos cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont han defendido que la amnistía no vulnera la legislación europea y forma parte del camino de «reconciliación» tras el proceso independentista. A su turno, tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España han afirmado que los gastos vinculados al 1-O no afectan a los intereses financieros de la UE, pero han discrepado sobre la seguridad jurídica y la «discriminación» de la ley.
Las defensas de los ex altos cargos de la Generalitat también han asegurado que la amnistía no afecta a los intereses financieros europeos, que no se trata de una autoamnistía y que no vulnera ni la independencia judicial ni los derechos de las partes personadas. El abogado Gonzalo Boye, por ejemplo, ha dicho que la amnistía «desjudicializa» el procés y supone el inicio de un «reconocimiento mutuo entre las partes».
En cuanto a la afectación a los intereses de la UE, desde la Comisión Europea consideran que «no hay un vínculo lo suficientemente directo» entre las «ilegalidades y el presupuesto de la UE», y que sería una «injerencia desproporcionada» considerar que cualquier gestión de fondos públicos de un Estado miembro afecta a los intereses del resto porque pueda tener un impacto en la renta nacional bruta del primero.
Por parte de España, la Abogacía del Estado ha afirmado que «la interpretación del Tribunal de Cuentas es una injerencia desproporcionada del derecho de la UE en la gestión de los fondos nacionales», y ha recordado que «no existe ninguna duda razonable» del uso de fondos europeos para sacar adelante el proceso independentista.
Choque entre la Unión Europea y España
Pese a estar de acuerdo con que la amnistía no ha afectado a los intereses financieros de la UE, la Comisión Europea y el Gobierno de España han discrepado sobre la seguridad jurídica y la posible discriminación de la medida de gracia. Carlos Urraca, de los servicios jurídicos de la CE, ha cuestionado que la ley respete los principios de seguridad jurídica y de igualdad: «No parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general» porque «forma parte de un acuerdo de investidura», ha dicho, aunque ha admitido que es competencia de los tribunales españoles analizarlo.
Urraca también ha recriminado al Gobierno de España que no siguiera las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que pedía una ley «más clara y precisa» y un «diálogo significativo» con tiempo para conseguir una mayoría más amplia para aprobarla. «Hay dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la ley de amnistía sean claras y precisas», ha añadido Urraca.
Por contra, la abogada del Estado ante la UE, Andrea Gavela, ha advertido al TJUE de que este es un debate «constitucional» que debe abordarse en España, y ha defendido que «en ningún caso la ley puede ser calificada de autoamnistía», como dijo la Comisión Europea en el procedimiento escrito ante el TJUE. Gavela ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de junio ya ha avalado el criterio de trato diferencial de la norma, que es «justificada» con el objetivo de «superar el conflicto político», y ha reiterado que la ley de amnistía respeta los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley.
El pronunciamiento del TJUE sobre la compatibilidad de la amnistía con el derecho de la UE se espera para los próximos meses, pero la decisión final sobre su aplicación en los casos concretos quedará en manos de los tribunales españoles. Aparte de lo que se analizará en las vistas de este martes, Luxemburgo también tiene sobre la mesa las dudas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la amnistía a los delitos de malversación vinculados al 1-O y los de un juzgado de Vilanova sobre la aplicación de la ley en una causa de desobediencia. Para estas dos prejudiciales no hay prevista ninguna vista en Luxemburgo.
SCC dice que la amnistía crea un «riesgo de impunidad sistémica»
Los abogados de Societat Civil Catalana (SCC), Juan Chapapría y Diego Martínez, han dicho este martes al TJUE que si se avala plenamente la ley de amnistía para la treintena de ex altos cargos de los gobiernos de Mas y Puigdemont, se instaurará una «impunidad sistémica». Según la entidad antiindependentista, la amnistía va totalmente en contra del ordenamiento jurídico europeo.
En sus turnos de palabra, los letrados de SCC han dicho que el Congreso reformó el Código Penal para eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación y, más adelante, aprobó la amnistía fruto de un «pacto político» entre el gobierno español y los partidos independentistas. «Fue una autoamnistía», han asegurado, recordando que, según ellos, 23 de los amnistiados han participado en la redacción y acuerdo sobre la ley.
Los abogados de la entidad antiindependentista también han recordado los requerimientos de la Comisión de Venecia y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció en contra.
