Bruselas ve incompatible «con los valores de la UE» conceder una amnistía «a cambio del apoyo a la investidura». Así se ha expresado Carlos Urraca, letrado de la Comisión Europea, en su alegato final este martes ante el Tribunal de Justicia de la UE, que ha celebrado dos vistas a Luxemburgo por las dudas del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la aplicación de la amnistía.
La CE ha chocado con España tanto por la mañana como por la tarde por el objetivo de «interés general» de la amnistía, su ámbito de alcance y la precisión de la norma. Aparte, el TJUE ha examinado si el caso del TdC sobre los gastos del ‘procés’ afecta a los intereses financieros de la UE y si la amnistía a delitos de terrorismo vulnera la directiva antiterrorista.
Tras una larga jornada en el TJUE, y especialmente de un debate «amplio y enriquecedor» durante la vista de la tarde, Dean Spielmann, general del Tribunal de Justicia de la UE, ha dejado para más adelante el anuncio de la fecha de publicación de sus conclusiones sobre las prejudiciales del TdC y de la AN. Su opinión no es vinculante para el TJUE, que dictará sentencia más adelante.
El vicepresidente del TJUE, Thomas von Danwitz, será el encargado de elaborar el proyecto de sentencia del TJUE para los dos casos.
«La autoamnistía», en el punto de mira
Las preguntas de la AN giran en torno a la aplicación de la amnistía a los delitos de terrorismo, mientras que el TdC quiere saber si se puede perdonar la responsabilidad contable en caso de que se considere que los gastos del 1-O afectan a los intereses financieros de la UE.
Ahora bien, la AN como el TdC han preguntado si la ley de amnistía es «discriminatoria» sin un objetivo justificado de interés general. Por ello, las partes se han pronunciado tanto por la mañana como por la tarde sobre si la ley respeta el principio de seguridad jurídica y de igualdad ante ley por amnistía a los independentistas encausados o condenados por el ‘procés’.
La CE ha reiterado las críticas a la ley, que considera una «autoaministía» porque el gobierno español garantiza «la impunidad de sus socios a cambio de apoyo parlamentario».
«La CE tiene muchas dudas de que esta amnistía esté justificada por un motivo de interés general», ha remachado Urraca, el letrado del ejecutivo comunitario.
Además, Urraca ha advertido de una serie de «defectos» de la norma: falta de «certeza», «precisión» y «previsibilidad». Según él, estas «deficiencias» sólo vulneran el principio de «seguridad jurídica e igualdad», también pueden vulnerar la legislación antiterrorista de la UE.
