Benet Salellas ha apelado la prisión de Santos Cerdán. En su escrito en el Tribunal Supremo contra la decisión del magistrado Leopoldo Puente, sostiene que el juez instructor adoptó la decisión de encarcelar al exsecretario de organización del PSOE sin disponer de suficientes indicios.
Al mismo tiempo, Salellas denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Recuerda que no se ha probado ningún incremento patrimonial ni relación de la empresa Servinabar con ninguna adjudicación, y acusa a Puente de haber invertido la carga de la prueba y de actuar de manera «inquisitiva».
La defensa de Cerdán pone en duda el conjunto de la instrucción y las pruebas aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Sostiene que Puente siempre interpreta los hechos desde una visión «contraria a la perspectiva del investigado», y que, por el contrario, el juez rechaza de manera sistemática «todas las explicaciones» que le ofrece Cerdán. El magistrado, añade, «no acepta ninguna tesis diferente de la de la culpabilidad».
Además, Salellas reprocha al magistrado que asuma de forma «acrítica» el informe de la UCO que apunta a una actividad delictiva vinculada a la empresa Servinabar para la obtención de adjudicaciones.
Según el escrito, aunque el informe hace referencia a dos «adjudicaciones» a esta empresa, en uno de los casos no consta que la administración hiciera efectiva esta adjudicación. En cuanto al otro, una obra de 2017 en Navarra, el escrito de apelación recuerda que Cerdán no ostentaba ningún cargo público y que en aquel momento el PSOE se encontraba en la oposición en Navarra.
La defensa también recuerda que aunque el juez habla de otras adjudicaciones de obra pública por parte de una UTE formada entre Servinabar y Acciona, el atestado de la UCO no hace referencia a ninguna investigación sobre esta UTE, y sí a otras de Acciona con Ferrovial, Tecade o Aquaterra.
El juez, según el escrito, justifica la decisión de encarcelar a Cerdán de acuerdo con indicios sobre la relación entre Cerdán y Servinabar, pero en la documentación, esta empresa «no aparece relacionada con las adjudicaciones investigadas».
Salellas también reprocha al juez que dé por hecho que Cerdán tenía capacidad de adoptar decisiones en Servinabar, cuando «ni el Registro Mercantil ni ninguna de las declaraciones administrativas o fiscales de esta sociedad» hacen referencia al exsecretario de Organización del PSOE.
El único elemento que relaciona a Cerdán con Servinabar, según la defensa, es un documento que «no fue elevado a público», y por tanto «no tiene ningún efecto jurídico».
Dudas sobre los audios
El escrito de apelación también pone en duda las grabaciones que constan en el informe de la UCO y que fueron encontrados en lápiz de memoria de Koldo García. Salellas ya adelanta que próximamente aportará un informe pericial sobre esta cuestión.
Además, el escrito recuerda que no se ha encontrado ningún enriquecimiento ni incremento de patrimonio de Santos Cerdán en los últimos años, y que no hay ninguna prueba que sustente la acusación de que él era la persona encargada de gestionar el pago de comisiones irregulares.
En todo caso, la defensa recuerda que la propia Guardia Civil admite que los metadatos de uno de los audios «no coincide», y que otro «necesitó ser limpiado». Además, según el escrito, muchos de los pasajes de las grabaciones «son inintelegibles», y antes de llegar a la Guardia Civil los audios «ya circulaban» entre la prensa.
Papel misterioso de Koldo
«Nos vemos obligados a dudar no sólo por las garantías insuficientes de custodia» y por las «circunstancias especiales» que rodean su obtención y conservación, sostiene el escrito. Además, Salellas recuerda que Koldo García «ha sido colaborador habitual de la Guardia Civil en la lucha antiterrorista» y desempeña «un papel claramente misterioso en este expediente», porque en su casa se encontraron 23 móviles.
Por todo ello, según la defensa, «no hay ninguna duda de que nos encontramos ante una ‘causa general’ contra Santos Cerdán, y que el objetivo es investigar ‘para ver si’ finalmente aparece un indicio sólido de que lo relacione con alguna actividad delictiva».
La orden de encarcelamiento, continúa el escrito, no justifica qué pruebas se pretende defender con la decisión, y sólo tiene como objetivo presionar a Cerdán para que haga una declaración autoinculpatoria.
