El Gobierno de Aragón presentará el viernes en el juzgado de Huesca la reclamación para pedir la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a entregar las pinturas murales del monasterio de Vilanova de Sixena. Mañana jueves vence el plazo de 20 días que fijó el tribunal para trasladar los murales.
Así lo han indicado fuentes del ejecutivo aragonés, que también han precisado que el escrito se enviará de forma telemática al juzgado que es quien debe hacer cumplir la sentencia tras la ratificación de Supremo.
En cambio, el MNAC aseguró al juzgado que a pesar de su disposición a cumplir con la orden judicial, existe su incapacidad técnica de llevar a cabo esta operación en el plazo establecido sin poner en riesgo las pinturales murales. El patronato del MNACacordó el pasado 16 de junio por unanimidad pedir este incidente de ejecución, así como crear una comisión técnica, de la que participaron técnicos aragoneses.
Por su parte, la portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha reiterado que el Gobierno confía en el patronato del MNAC, descargando, así, las responsabilidad sobre el consorcio que forman la propia Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. El patronato está presidido por Joan Oliveras Bagués.
Advertencia aragonesa
El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ya advirtió de que la sentencia se ejecutaría «a las buenas o a las malas» y que por ello pedirían de forma inmediata la ejecución forzosa de la misma, lo que piensa hacer el viernes.
Azcón también dijo que se sentían engañados por el Gobierno catalán y el resto de patronos del MNAC tras la constitución de un grupo de trabajo para abordar el traslado de los murales, ya que considera que lo único que han acabado haciendo es informar al juzgado de que no pueden ejecutar la sentencia.
Consecuencias penales
Finalmente, la Asociación de Abogados de Huelva por la Defensa de los Derechos Humanos ha enviado un burofax al patronato del MNAC y al Departamento de Cultura para advertirles de las consecuencias penales que podría suponer someter las pinturas de Sixena a un retorno sin atender a los avisos técnicos que lo desaconsejan.
Los abogados están preocupados por los posibles daños o la destrucción que se podría causar a las pinturas y remiten al artículo 323 del Código Penal. A través de un comunicado, la Asociación recuerda a las autoridades que tienen «el deber legal» de proteger el patrimonio cultural. En caso de que se trasladen las obras, y si se comete delito contra el patrimonio, presentarán una querella criminal contra el MNAC y el Departamento de Cultura.
