El Departamento de Derechos Sociales ha realizado pagos indebidos de más de 167 millones

La Sindicatura de Cuentas avisa de la falta de transparencia y la ineficacia de los mecanismos de control de las prestaciones

La Sindicatura de Cuentas
La Sindicatura de Cuentas

Un nuevo informe de la Sindicatura de Cuentas concluye que el Departamento de Derechos Socialesde la Generalitat de Catalunya pagó indebidamente más de 167,5 millones de euros en distintas prestaciones sociales entre 2016 y 2024. Además, destaca que las prestaciones no llegan a todas las personas que realmente las necesitan y señala la falta de transparencia y la ineficacia de los mecanismos de control.

En cuanto a los pagos indebidos, 70,6 millones de euros pertenecen a prestaciones de dependencia; 43,8 millones de euros a pensiones no contributivas; 36 millones de euros a la Renta Garantizada de Ciudadanía y 14 millones de euros a complementos de pensiones no contributivas. Según la Sindicatura de Cuentas, estas cantidades que no deberían haberse pagado a los usuarios a los que se destinaron porque no cumplían con los requisitos.

De los 167,5 millones que Derechos Sociales ha pagado indebidamente, casi 156 millones están en trámites de reclamación, pero al menos 7,1 millones ya no se podrán recuperar porque ya han prescrito por antigüedad. Además, el informe alerta de que la cantidad total podría ser superior, ya que, por ejemplo, aún quedan por analizar 32.000 expedientes de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

El año pasado, el órgano fiscalizador ya señaló la mala praxis de la administración e identificó graves carencias en la contratación en los centros de menores. Por su parte, la síndica de greugesse opuso a que el Gobierno catalán reclamara a 8.500 personas la devolución de los pagos indebidos de la Renta Garantizada. Además, la Oficina Antifraude también investiga irregularidades en las prestaciones a jóvenes extutelados.

Prestaciones “insuficientes”

La Sindicatura de Cuentas también destaca en el informe los centenares de casos de incompatibilidades y señala que, mientras esto se produce, buena parte de la población en situación de pobreza severa sigue sin percibir las prestaciones. Identifica, entre otros, que en 2022 un total de 1.241 personas cobraban la Renta Garantizada a pesar de tener un contrato laboral a tiempo completo, lo que no les permitiría recibir la ayuda.

El informe también constata que las partidas económicas de las prestaciones son “marcadamente insuficientes”, e indica que “el volumen de recursos necesarios para dar respuesta a la pobreza severa se estima en cerca del doble del volumen asignado”. Además, considera que “la definición de la población elegible en el marco de la evaluación de necesidades presenta carencias importantes que limitan el acceso a las prestaciones”.

Despliegue de un plan de choque

El Departamento de Derechos Sociales ha indicado a la ACN que comparte las “debilidades estructurales” detectadas en el informe de la Sindicatura de Cuentas y asegura que trabaja para revertirlas con una “transformación profunda y rigurosa”. “Las recomendaciones del informe confirman un diagnóstico compartido: el sistema de prestaciones presentaba debilidades estructurales en 2022”, remarcan fuentes del departamento, que destacan que la consejería ha impulsado un plan de choque contra los pagos indebidos.

Este plan incluye medidas como la condonación de deudas para familias vulnerables y sistemas de detección preventiva más robustos, y traspasa la gestión de las prestaciones para jóvenes extutelados de la antigua DGAIA a la Dirección General de Prestaciones. El objetivo, explican desde Derechos Sociales, es garantizar una gestión pública, eficiente y basada en datos y disponer de un nuevo sistema de garantía de ingresos integrado, simplificado y coordinado.

En este sentido, se está reformando la Renta Garantizada de Ciudadanía para hacerla compatible con otras prestaciones como la vivienda y con rentas de trabajo, en línea con las recomendaciones del informe. También se está asumiendo la gestión del Ingreso Mínimo Vital y diseñando un nuevo mapa de prestaciones para simplificar y ordenar el conjunto del sistema. En cuanto a los trámites, se han reforzado las interoperabilidades en la gestión de prestaciones para agilizarlos, evitar errores manuales y detectar incompatibilidades en tiempo real.

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