El juzgado de instrucción número 3 de Girona ha rechazado investigar por torturas y revelación de secretos a la agente de la PolicíaNacional que se infiltró en los movimientos independentistas de Girona y Salt y mantuvo una relación con un activista para obtener información. La víctima y las entidades afectadas interpusieron la querella en noviembre de 2023 y, un año y medio después, el juzgado la ha inadmitido. El abogado BenetSalellas ha anunciado que han presentado recurso en la Audiencia de Girona y ha tachado de «indignante y aberrante» la decisión judicial.
Salellas ha asegurado que agotarán todas las vías judiciales para conseguir que se investigue. En la misma línea, SílviaRispau, del Sindicato de Vivienda, ha considerado que «este tipo de prácticas no solo son ilegales, sino que a ojos de todos también son inmorales». La querella contra la policía infiltrada, que usaba el nombre falso de Maria Perelló, se interpuso a finales de 2023 por parte de Òscar Campos (con quien la agente mantuvo una relación entre los años 2020 y 2022), la CUP y las entidades ÒmniumCultural, el Ateneu Popular de Girona, la Asociación No al Racismo de Girona y Salt, y la Federación de Entidades Socioculturales de Salt.
La denuncia se interpuso por los delitos de tortura y contra la integridad moral, lesiones psíquicas y descubrimiento y revelación de secretos. El escrito subrayaba que la policía se había extralimitado en sus funciones, sobre todo porque había «cosificado» al activista con quien llegó a mantener una relación sentimental para obtener información y acceder «de manera indebida» a datos de entidades y organizaciones de la izquierda independentista.
Además, la querella también destacaba que la policía asistió y observó «de manera indebida» dos reuniones particulares que Campos mantuvo con sus abogados, Montserrat Vinyets y Benet Salellas. Sin embargo, un año y medio después de la interposición de la denuncia, el juzgado se ha alineado con la Fiscalía y ha resuelto inadmitirla, de manera que rechaza investigar la infiltración policial en los movimientos independentistas.
«Que los jueces no actúen e investiguen la actuación de funcionarios públicos lo que hace es generar un ámbito de impunidad que acaba arrastrando a todo el Estado y legitimando cualquier tipo de actuación sin límites por parte de estos agentes de policía», ha afirmado Salellas, añadiendo: «La sensación es de desamparo total y de falta de tutela absoluta cuando lo que denunciábamos es un delito de tortura, un delito grave y que las convenciones internacionales exigen a los tribunales que investigue con garantías».
