El 52% de las denuncias recibidas en 2024 por entidades del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) iban dirigidas contra el sistema judicial. En concreto, 103 de las instituciones señaladas eran algún servicio o profesional del ámbito jurídico, sobre todo los jueces (22% del total), pero también los fiscales, los abogados de oficio o los equipos que evalúan y atienden a las víctimas.
Los otros ámbitos más señalados son la policía, la sanidad, el sector social e incluso los servicios de atención integral en violencia machista. Los derechos más vulnerados, según las mujeres, son el derecho a la reparación integral, a la seguridad, a acceder a un recurso efectivo, a la protección familiar y los derechos de los menores.
De las 143 denuncias recibidas, 117 se clasificaron como casos de violencia machista institucional. Más del 60% de los casos son mujeres de 31 a 50 años, y el 16% tienen entre 21 y 30 años. Por origen, el 63% han nacido en España y un 33% fuera de la Unión Europea, sobre todo en Marruecos, Argelia y América Latina.
Por otro lado, el 91% de las mujeres denunciantes dicen que la discriminación institucional las ha afectado mucho en el ámbito emocional o psicológico, un 68% en el ámbito legal, un 60% en la salud física, un 54% en el ámbito económico, un 44% en la relación con el entorno y un 43% en el ámbito laboral.
Además, en el 73% de los casos hay más de una persona afectada por esta discriminación institucional, como los padres, hermanas, amigas, parejas o compañeras de trabajo. En el 54% de los casos los hijos también sufren las consecuencias de la violencia institucional.
Además del machismo, un 43% de las denuncias también incluían discriminaciones por origen nacional, el 22% por la clase social, el 15% por una discapacidad y un 12% por la edad.
