El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado la rescisión del contrato a la concesionaria del Eje Transversal por parte de la Generalitat, que tras esta decisión asumió su gestión directa. El tribunal ha rechazado el recurso que interpuso el grupo Cedinsa y ha concluido que la resolución anticipada del contrato se ajustó a derecho.
La Generalitat recuperó la gestión el 1 de enero de 2023. Para ello, aprovechó una de las oportunidades previstas por el contrato, que le permitía resolver la concesión de manera anticipada, y abonó 479 millones de euros a Cedinsa. El Eje Transversal, la carretera C-25, tiene una longitud de 153 kilómetros, se extiende desde Cervera (Lleida) a Caldes de Malavella (Girona), y se puso en servicio en 1997.
La Generalitat adjudicó su concesión al grupo de infraestructuras Cedinsa en 2007. El contrato, que se modificó tres años después, incluía el desdoblamiento de la C-25 y la explotación de la carretera hasta 2040, que se financiaba mediante la fórmula del peaje en la sombra: la Generalitat pagaba a Cedinsa en función de los vehículos que circulaban.
El pliego de cláusulas del contrato, eso sí, contemplaba tres fechas en las que la Generalitat podía romperlo «unilateralmente y sin justificación», pagando lo que se llamaba el «precio de reversión». La Generalitat intentó poner fin a la concesión viaria en 2017, pero sacó adelante la rescisión cinco años más tarde. Según el Departamento de Economía, fue la operación de ahorro «con más impacto» de la última década.
Cedinsa, desde un principio, recurrió contra la decisión a los tribunales, aunque de entrada el TSJC desestimó aplicar medidas cautelares. Ahora, la justicia ha resuelto el recurso contencioso administrativo que era el foco del litigio, porque se centraba en la resolución del gobierno catalán dictada el 9 de noviembre de 2022, que resolvió el contrato del Eje Transversal «de manera anticipada y unilateral».
