La expresión razón de Estado, acuñada por Nicolau Maquiavelo, significa asumir y actuar de acuerdo con los intereses propios del Estado por encima de los propios o los del partido. Sería como una línea roja, que recordaría que en política no se vale a todo, que hay que preservar unos mínimos por el bien común. Un ejemplo de ello lo tenemos en José Luis Zapatero cuando opositaba a José María Aznar; al primero no le cayeron los anillos a la hora de pactar por razón de Estado según qué políticas, como la lucha contra el terrorismo. Un pacto que, lejos de desgastarlo, no impidió que después Zapatero fuera presidente del gobierno español en dos mandatos consecutivos. Con la llegada, sin embargo, de la nueva política, la de la ley de la selva o del más fuerte, parece que la razón de Estado ha saltado por los aires.
El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en particular, y el PP en general, ha dejado escapar otra oportunidad de tributar razón de Estado, y van… De hecho, todavía está tiempo, pero poco hace pensar que la iluminación sea posible. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pelea por encontrar socios que le permitan sacar adelante el aumento presupuestario en defensa que la Unión Europea, a instancias de Donald Trump, precipita a aprobar. A su izquierda, se entiende la incomodidad de los socios; lo que cuesta más entender es que, en un tema como este, la derecha no utilice el comodín de la razón de Estado para sacar adelante el incremento militar. Así, los intereses electoralistas de los populares vuelven a pasar por encima de las razones de Estado o la propia coherencia ideológica. Feijóo, aquel que tenía que trasladar el PP a la moderación, atemorizado seguro por el aliento en la nuca de Isabel Díaz Ayuso, se instala cobarde en la trinchera del no, y de ahí costará sacarlo.
Por ley, las reglas de la política deberían contemplar un tanto por ciento de obligatoriedad al impulso de la razón de Estado. Cada año, los partidos deberían estar forzados a pactar una propuesta del rival. Lo que Zapatero hizo por voluntad propia, que el resto de políticos, con menos vocación de Estado, se vieran obligados, bajo el peligro de perder, si no es así, puntos en el carné de políticos. Como dice el refrán: «Más vale un mal pacto, que un buen pleito.»
