Doctor en economía y profesor honorífico de investigación en el IAES, Universidad de Alcalá. Codirector de la Cátedra Iberdrola-UAH sobre energías renovables responsables. Ha dirigido políticas de desarrollo industrial en diversos organismos públicos. Ahora publica Reindustrialización y PERTE en España, junto a María Gálvez del Castillo y José Carlos Díez (Los Libros de la Catarata).
¿Es mejor la industria que, por ejemplo, el turismo?
Los dos sectores son importantes en España. No obstante, es clave tener una industria avanzada para que se desarrollen servicios de alto valor, en este caso el turismo y, sobre todo, el de calidad. La industria refuerza la competencia, la innovación, la exportación, crea empleo de calidad, y apoya la creación de sectores productivos.
¿España se ha distinguido especialmente por su atención a la promoción de la industria, o todo lo contrario?
En España se ha hablado mucho de la industria, pero en realidad apenas hemos tenido una política industrial coherente e integrada; más bien ha contado con programas o líneas de actuación orientados a la promoción y el apoyo público de diversa índole dirigidos al sector. Hubo, es verdad, una política industrial de reconversión importante, que fue larga y dificultosa, y duró desde los años 80 hasta casi el año 2000. Posteriormente, hubo programas como la robótica y electrónica, y luego en el ámbito de la tecnología, la innovación, la gestión de proyectos, la estandarización de normas…, todo con un carácter horizontal, siguiendo criterios de la Comisión Europea (CE). En el periodo más reciente, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) –basados en la filosofía y los fondos europeos de recuperación– fueron lanzados por el Gobierno en 2021, y constituyen una dinámica nueva y positiva. Se puede decir que es la primera vez que España cuenta con un plan y una política industrial eficaces y con recursos económicos adecuados (al menos en esta primera etapa, hasta 2026).
Estamos en plena guerra arancelaria, que, con la victoria de Trump, se anuncia más cruenta. ¿Qué se puede decir, y del papel que hará Europa?
La UE, incluido el caso especial de Alemania, se está quedando atrás desde la última crisis de 2007/2008, que dejó bastante convaleciente la economía productiva. Llevamos años renqueando con la industria y, más concretamente, con su competitividad internacional. La UE no supo construir un modelo de base ideológica, estratégica y de programas a largo plazo potente: se quedó atrapada en un choque político y económico. Tras la pandemia, y consciente del proceso de desindustrialización en Europa, puso en marcha una política industrial basada en la sostenibilidad ambiental (y pacto verde) y la digitalización, que se está desarrollando en estos años. En este contexto, el empeño exterior en el campo de la tecnología verde ha puesto encima de la mesa comunitaria la conveniencia de aplicar políticas arancelarias. Pero los aranceles son una amenaza al crecimiento y el desarrollo, siempre contrarios a los intereses de los consumidores y de una buena parte de los empresarios del sector afectado. El arancel es una política comercial absurda, que impide mejorar la competitividad interna. Un error grave. En el campo del vehículo eléctrico, nos hemos quedado atrás. Aunque sigamos siendo los cuartos o quintos exportadores, al mismo nivel que Alemania, somos uno de los países europeos más atrasados en el cambio de vehículo fósil a eléctrico. Los anunciados nuevos aranceles norteamericanos del próximo Gobierno Trump quizás podrían espolear a la UE para establecer alianzas comerciales con China, primero, y otros países emergentes asiáticos. ¿Por qué no? Quizás esta sería una manera de mejorar la productividad y avanzar hacia la competitividad.
¿Europa puede llegar a ser el gran subcontratista de China y EE. UU. en el ámbito industrial?
Es una posible salida a futuro si las cosas no cambian con celeridad, pero no es evidente que la UE asuma esta función de terceros. Eso de ser subcontratista, claro está, suena feo, pero podría no estar tan mal, al menos en algunos sectores y mientras no se consoliden internacionalmente. La clave es avanzar más y más hacia la unión política. Con el euro y la unión bancaria (aún incompleta) no basta. Parece que se extiende un velo de pesimismo.
¿Qué son, para quién y cómo son los fondos New Generation UE?
En 2020, el Consejo Europeo, con el fin de paliar los efectos de la covid y mejorar la industria y la economía europea, solicitó a la CE un plan de política industrial que frenara la desindustrialización y avanzase a la competitividad, siguiendo el camino de China y EE. UU. Se puso en marcha el mecanismo de fondo Next Generation, presupuestado en algo más de 800.000 millones de euros. Los países miembros emitieron, por primera vez, deuda mancomunada, reforzando el sentido comunitario. El Gobierno de España adoptó una posición muy activa y dio la prioridad a la política común en cuanto a sostenibilidad ambiental, economía verde y transformación digital. España recibió 160.000 millones, más de lo que le correspondería. De estos fondos, dedicó 42.000 millones a formular los PERTE, proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica. Unos cuantos dirigidos a transferencias o préstamos a la industria, y otros a sectores transversales.
¿Qué conclusiones a destacar habéis obtenido?
Los 12 PERTE se configuran como una política industrial que promueve armar proyectos sectoriales en empresas contemplando las cadenas de valor dentro del mismo sector, o con otros sectores paralelos, aunque también son elegibles otras actividades transversales, como las energías renovables y, particularmente, el hidrógeno verde, que afecta al conjunto de sectores. Los PERTE son una gran oportunidad hacia la convergencia con los países centrales europeos. Si el modelo funciona bien se podría mejorar la productividad, la competitividad y el empleo cualificado. De todas formas, hay algunos aspectos a considerar. Por un lado, la CE no ha seleccionado estrategias sobre sectores ganadores en determinados Estados miembros: ha dejado libertad. Por ejemplo, no dijo «en España nos concentraremos –por sus características territoriales– en las renovables y, sobre todo, en el hidrógeno verde». De esta manera, los países, como España, han elegido alternativas parecidas: «Todos apostaremos a todo». Por otro lado, por la naturaleza y la exigencia de ejecución para 2026, en el diseño de los PERTE posiblemente se tomaron decisiones demasiado rápidas. De nuestro trabajo (basado en entrevistas a empresarios beneficiarios) se desprende que no se maduró lo suficiente la idea y la normativa de acceso a ayudas de los proyectos. Se observa una estrategia previa y de seguimiento de los fondos insuficiente, que resultaría la clave. Proponemos ajustar la normativa PERTE, haciéndola más clara, eficaz, de aplicación más rápida y con menos carga burocrática. Con fecha de final de marzo pasado, solo se había utilizado el 7,6% de los 42.000 millones. Sin simplificación administrativa será difícil conseguir el objetivo. No obstante, si nos fijamos en los últimos datos de ejecución, en noviembre de 2024, los fondos comprometidos han escalado con rapidez por encima 40% del total.
¿Se puede mencionar algún sector o sectores especialmente dinámicos en este contexto?
El sector al que se asignaron más fondos fue la microelectrónica y la producción de chips, pero se ha visto que es un campo complejo de activar desde posiciones nacionales, y solo está consiguiendo algunos resultados los EE. UU., que se plantó ante el gran proveedor internacional, Taiwán. Dos de los sectores contemplados en los PERTE han sido muy dinámicos: el hidrógeno y el vehículo eléctrico, pero con matices. El hidrógeno es una tecnología aún inmadura y de altos costes (utilización de energía renovable, con insuficiente red eléctrica, y la manera de transportarlo). Por su parte, las grandes constructoras de automóviles que operan en España expresan que sus costes son muy elevados, en relación, fundamentalmente, con la creciente competitividad china. El resto de los PERTE avanzan al paso que permite la pesada normativa a las empresas más activas: digitalización del ciclo del agua (a buen ritmo), descarbonización (primeros pasos), economía de los cuidados, salud de vanguardia, industria agroalimentaria (poco dotadas estas dos últimas), aeroespacial, economía circular y la nueva economía de la lengua.
