El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha citado a declarar como investigado al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por delitos contra los derechos de los trabajadores el próximo 3 de diciembre, según ha avanzado El Periódico y ha confirmado la ACN. La Fiscalía denunció a la empresa y a su máximo directivo por seguir obligando a los riders a hacerse autónomos para trabajar para la plataforma de reparto a domicilio, sin respetar la obligación de contratarlos como trabajadores asalariados.
En la denuncia, el ministerio público recuerda las diferentes sentencias que han fallado contra la compañía al considerar que este tipo de relación laboral es fraudulenta, como la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a Glovo a contratar a los trabajadores. Además, lamenta que a pesar de los distintos requerimientos de Inspección Laboral en varios puntos de España, la empresa mantiene una relación laboral que constituye un delito contra los derechos de los trabajadores.
La Fiscalía considera «incuestionable» que los trabajadores de Glovo han continuado haciendo las tareas de reparto «en iguales condiciones» que antes de las sentencias, es decir, como falsos autónomos, «sin que se les haya reconocido la condición de trabajadores por cuenta ajena». En este sentido, el ministerio público destaca que los riders no tienen «una organización de trabajo propia», sino que es la empresa la que lo organiza todo.
«Dirige y organiza sus tareas diarias a través de la plataforma digital de obligada utilización, donde se determina la forma y el precio del servicio de recogida y entrega de productos, y se establece un sistema de control del proceso productivo por medio de la gestión algorítmica del servicio», manifiesta la Fiscalía.
Glovo mantiene un pulso con el Ministerio de Trabajo y podría enfrentarse a multas desde los 260 a los 430 millones de euros por incumplimiento de la normativa, según la memoria anual del ejercicio 2023 de Delivery Hero, el gigante alemán propietario de Glovo. De hecho, la informe pone en entredicho la viabilidad de Glovo para hacer frente al pago de cuotas y sanciones a la Seguridad Social.
