El Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad (TAS), formado por asociaciones de riders y taxistas, ha interpuesto una querella criminal contra la plataforma de reparto a domicilio Glovo por el uso de falsos autónomos de forma continuada desde 2015. Las organizaciones Riders x Derechos y Taxi Project 2.0, que forman la asociación, consideran que la empresa ahora propiedad de Delivery Hero ha cometido delitos contra Hacienda, la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores. La reforma reciente del Código Penal abre la puerta a juzgar la «persistencia» de este tipo de conductas y por este motivo han optado por presentar una querella, que pretende ser el primer paso de abrir la puerta a la vía penal.
La entidad relata que a pesar de tener «más de 50 sentencias en contra por la violación de derechos laborales -una de ellas del Tribunal Supremo-» la compañía de reparto «persiste en la violación sistemática de los derechos laborales, en rebeldía abierta contra las sentencias y en el fraude continuado». Aunque hace dos años entró en vigor la conocida como Ley Rider, que obliga a las empresas de reparto a contratar a sus empleados como asalariados, la asociación denuncia que «los trabajadores se han continuado encontrando en una indefensión total». En este punto, reprochan al ejecutivo que no hayan «hecho pasos adelante» para evitar que las empresas «impongan las reglas del juego por encima de cualquier institución, incluidos los gobiernos de los Estados».
En concreto, el texto denuncia que la compañía incumple cinco artículos del Código Penal. Entre las conductas denunciadas, aseguran que Glovo obliga a que trabajadores por cuenta ajena emitan una factura que es «falsa», hecho que supone que Glovo se deduce como gasto «la parte principal de la factura», además de defraudar la aportación del IVA, con daño al erario público y a la Seguridad Social.
Además, denuncian la contratación de falsos autónomos «con engaño y abusando de su situación de necesidad, por su especial situación de vulnerabilidad, y con grave perjuicio para sus condiciones laborales y de seguridad social». A la vez, consideran que han incurrido en un delito de estafa al imponer condiciones legales y de seguridad social a los trabajadores que los perjudicarán.
Los hechos denunciados fueron declarados como probados por el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, año en que se unificó doctrina fijando que los trabajadores tenían una relación laboral con Glovo y, por lo tanto, no podían ser considerados autónomos. La Asociación Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad ha anunciado que este «es tan solo un primer paso» de todas las medidas que tomarán hasta que los responsables de estas empresas «respondan por la vía penal por tan crueles actos que llevan realizando desde hace tantos años y que como sociedad no podemos permitir ni normalizar».
