El artículo 47 de la Constitución española dice textualmente: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de las entidades públicas.”
También en el Estatuto de Cataluña, en el título que habla de los derechos, deberes y principios rectores para todos los catalanes, en el artículo 26 se dice: “Las personas que no dispongan de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna…”. Y en el artículo 47: “Los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda mediante la generación de suelo y la promoción de vivienda pública protegida, con especial atención a los jóvenes y colectivos más necesidades”
El derecho a una vivienda digna es un principio fundamental reconocido, por tanto, por la Constitución Española y por el Estatuto de Cataluña.
Sin embargo, a pesar de este marco legal, la realidad muestra que el acceso a la vivienda sigue siendo una misión imposible, especialmente para los jóvenes y otros grupos vulnerables.
La crisis económica, que siempre padecen los mismos, los precios especulativos del mercado inmobiliario, la voracidad de los fondos buitres y las insuficientes políticas de vivienda de los gobiernos de todos los colores han contribuido a esta situación.
Cierto es que para abordar el problema de la vivienda, el gobierno central y varias comunidades autónomas han implementado algunas medidas. Una de éstas es la aprobación del Plan territorial sectorial de vivienda, que establece las directrices para los próximos 20 años, incluyendo el incremento del parque de alquiler social hasta llegar al 7% del total de viviendas.
Además, en zonas con una fuerte demanda residencial, los municipios tendrán que disponer de un mínimo del 15% de viviendas destinadas a políticas sociales. También se ha identificado un conjunto de 140 municipios como zonas tensionadas donde se limitará el precio del alquiler, según la ley de vivienda estatal. Estas acciones buscan garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos los hogares que se formen en el futuro.
En Cataluña, para afrontar este reto, también se han propuesto diversas medidas, como la Ley del derecho a la vivienda, que busca hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Esta ley catalana intenta transformar el mercado para crear un parque de viviendas asequibles para las rentas bajas y medias.
Sin embargo, la realidad es que la implementación de estas medidas ha sido compleja y no siempre ha logrado los resultados esperados.
Por tanto, es esencial que los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos para garantizar que el derecho a la vivienda no se convierta en un lujo inalcanzable y que las políticas de vivienda sean más efectivas e inclusivas, no sólo promesas.
Esto puede incluir la generación de suelo para la vivienda pública y protegida, así como la promoción de leyes que limiten la especulación inmobiliaria y ofrezcan apoyo a los colectivos más necesitados. Sólo a través de una acción decidida y legislación pertinente se puede revertir la situación actual y asegurar que el derecho a una vivienda digna sea una realidad para todos.
No hay que olvidar que la vivienda es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente, esencial para la dignidad y el bienestar de todas las personas. Este derecho implica más que simplemente tener un techo; se trata de tener un lugar seguro y adecuado en el que vivir, que proporcione privacidad, espacio personal, seguridad, accesibilidad y la posibilidad de formar y mantener un hogar.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la vivienda no sólo debe satisfacer necesidades básicas como el refugio, sino que también debe ser un lugar en el que las personas puedan descansar, sentirse seguras y tener privacidad y espacio personal. Además, no podemos olvidar que las condiciones de vivienda inadecuadas pueden tener un impacto negativo en la salud física y mental, las relaciones con otros y el desarrollo de los niños.
Por tanto, es crucial que las políticas de vivienda no sólo eviten la especulación, sino que también promuevan el acceso a viviendas asequibles y adecuadas para todos. La inversión en vivienda social y la implementación de regulaciones que protejan los derechos de los inquilinos son importantes pasos hacia este objetivo.
Asimismo, es fundamental que los gobiernos trabajen conjuntamente con los ayuntamientos para asegurar que las necesidades de vivienda sean satisfechas de forma justa y equitativa, garantizando que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir con dignidad en todas partes.
