Entre los muchos dosieres calientes que se ha encontrado Salvador Illa -heredados de la deficiente gestión de los gobiernos procesistas de la Generalitat- está el del sistema de producción y distribución de electricidad en Cataluña. Este es un sector estratégico, fundamental para el funcionamiento de cualquier país, que aquí, por razones históricas, explota la compañía Endesa, casi en régimen de monopolio. Recordemos que Endesa es actualmente una filial del grupo público Enel, controlado por el gobierno italiano, presidido por Giorgia Meloni.
Es una triste y alarmante evidencia que en Cataluña, solo el 15% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables (hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa…). El año pasado, en el conjunto de España, este porcentaje alcanzó el 50%, en línea con los objetivos de descarbonización fijados por la UE en el horizonte del 2030. Aquí no hemos hecho los deberes y, como sociedad europea desarrollada, estamos haciendo el ridículo.
Las tres centrales nucleares que tenemos en Ascó y Vandellòs, copropiedad de Endesa, nos proveen el 59% de la electricidad y esto condiciona y frena la expansión de las energías alternativas. Pero la industria de fisión atómica tiene unos riesgos potenciales gravísimos -como pudimos comprobar con el incendio, en 1989, de la central de Vandellòs I, que estuvo a punto de hacer «desaparecer» a Cataluña del mapa- y nuestras plantas atómicas también tienen una fecha próxima de caducidad (2030-31).
En la actualidad, solo tenemos 3.718 Mw instalados de energías renovables, que encabezan la eólica (7,4% de la producción eléctrica), seguida de la hidroeléctrica (5,6%) y la solar (1,1%). Además, los 826 aerogeneradores existentes se concentran en muy pocas comarcas, como la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Alt Camp y Anoia. El agravio territorial es clamoroso: de manera sorprendente y sospechosa, las comarcas de Girona no contribuyen con la producción de energía verde y se quejan cada vez que se plantea un proyecto, como es el caso del campo eólico marino Tramontana, previsto en la zona del golfo de Roses, 24 kilómetros mar adentro.
Contrasta la exasperante lentitud en la tramitación de nuevas implantaciones eólicas y solares en Cataluña con el impulso que, con el apoyo decidido de sus gobiernos autonómicos, tienen en comunidades como Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura, que se han convertido en punteras de las energías verdes. El principal motivo para oponerse a estas instalaciones es su impacto paisajístico. Pero cabe subrayar que se trata de estructuras fácilmente desmontables, en la hipótesis, cada vez más plausible, que aparezcan y se consoliden en un futuro no muy lejano nuevos avances científicos y tecnológicos que nos proporcionen energía abundante y barata.
Mientras tanto, en Cataluña no podemos continuar en la inopia. Hay que acelerar la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos, promover los digestores de biomasa, utilizar la gran riqueza hidrotérmica que desaprovechamos totalmente para producir electricidad… multiplicando la potencia de las energías verdes por cuatro, hasta lograr los 16.000 Mw, para cumplir con la ley de cambio climático aprobada por el Parlament en 2017 y las directrices de la UE. El presidente Salvador Illa tiene que ponerse las pilas.
Pero, a la vez que nos ponemos al día en el despliegue de nuestro potencial para aprovechar los recursos energéticos renovables, hay que vigilar muy de cerca a la monopolística Endesa. Según todos los indicios, el reciente incendio forestal que ha afectado al parque natural del Montsant, en la comarca del Priorat, tuvo su origen en un tendido eléctrico de Endesa mal protegido. Afortunadamente, los bomberos lo pudieron extinguir con gran eficacia. En la memoria tenemos el pavoroso incendio forestal del año 1998, que devastó 26.500 hectáreas del Bages y del Berguedà, provocado también por una instalación de Endesa en mal estado.
Esta compañía ha declarado unos beneficios de 800 millones de euros en el primer semestre de 2024, pero, a la vez, en este mismo periodo ha reducido sus inversiones en un 16%, hasta los 924 millones. Además de las centrales de producción de electricidad, Endesa también es titular de las redes de media y baja tensión que, por norma general, tiene muy abandonadas o en mal estado de conservación.
Según ha denunciado la CUP, la falta de mantenimiento de la línea entre Vilella Baixa y Cabacés fue la chispa que desató el incendio del Priorat de la semana pasada. En este sentido, la plataforma anticapitalista ha presentado una batería de preguntas en el Parlament, a través de la diputada Laia Estrada, interesándose por todos los incendios que han provocado los tendidos eléctricos en mal estado en los últimos años y qué sanciones ha impuesto la Generalitat por estas graves deficiencias.
Hay otro escándalo latente que afecta a Endesa y que hasta ahora no se ha conseguido desencallar, a pesar de que ERC y la CUP han batallado duro: las centrales hidroeléctricas que la empresa explota en Cataluña y que tienen su concesión vencida. Buena parte de estas instalaciones proceden de la histórica compañía la Canadiense, protagonista de la primera electrificación de Cataluña, durante las dos primeras décadas del siglo XX.
La ley española de Aguas del 2001 establece que las concesiones tienen una vigencia máxima de 75 años y que, una vez vencidas, hay que devolverlas a la administración, en este caso a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad (OS), el 24% de la producción eléctrica de origen hidráulico en Cataluña ya rebasa este límite concesional y, por lo tanto, tendría que estar actualmente bajo gestión pública.
Pero la CHE va con pies de plomo y no se atreve a hacer cumplir aquello que dispone la ley de Aguas. La gran beneficiaria de esta incomprensible y dolosa irresponsabilidad política y administrativa es la empresa Endesa, que explota 54 centrales hidroeléctricas (pequeñas y grandes) en Cataluña, la gran mayoría en el Pirineo.
En concreto, como mínimo, en nuestros ríos y lagos hay 10 centrales hidroeléctricas que ya tienen vencida la concesión. Son las de Cabdella (en funcionamiento desde el 1914), Serós (1914), Sossís (1914), Talarn (1916), Camarasa (1920), Poble (1920), Molinos (1921), Sant Llorenç de Montgai (1930), Gavet (1931) y Terradets (1935), la mayoría explotadas por Endesa. No hace falta decir que, con las lluvias de los últimos meses, los beneficios ilegítimos que obtiene son enormes.
El gobierno de Pere Aragonès creó una empresa eléctrica pública, L’Energètica, que, entre otras funciones, tiene la recuperación de las concesiones hidroeléctricas caducadas. El presidente Salvador Illa ha decidido mantenerla y nombrar a un nuevo presidente, Santi Martínez, un destacado promotor de las energías renovables. Tiene una gran tarea por delante, con la ventaja que la CHE depende orgánicamente del gobierno de Pedro Sánchez.
