La Assemblea Nacional Catalana, un pozo oscuro

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) nunca ha presentado públicamente sus Memorias Económicas. Desde su constitución legal, el 25 de mayo de 2011, el ANC ha ocultado sistemáticamente tanto el número de sus asociados como los ingresos y gastos de la entidad, entre ellos los correspondientes a la organización cada año de la manifestación del 11 de setiembre. Los medios de comunicación que han querido conocer estos datos se han encontrado siempre con un muro infranqueable. En el portal web de la plataforma independentista que preside Lluís Llach desde el 1 de junio nunca ha habido un apartado de Transparencia. En esta cuestión le pasa la mano por la cara Òmnium Cultural, la entidad con la que convoca las manifestaciones de la Diada, que publica anualmente en su web sus memorias anuales y de actividades.

El secretismo de la ANC es incluso exigido por sus Estatutos. En el artículo 22 de estos Estatutos se deja claro que los dirigentes de la entidad están obligados a “no compartir con gente externa al Secretariado Nacional ningún tipo de información de tipo interno o confidencial, mediante ningún tipo de canal de comunicación”. El artículo 30 determina que “el tesorero o la tesorera tiene como función custodiar y controlar los recursos de la Asociación, elaborar su presupuesto, balance y liquidación de cuentas, llevar un libro de caja y otros documentos de tesorería, supervisar toda la actividad económica de la Asociación, incluida la de las Asambleas de Base, y materializar el depósito de los ingresos en las cuentas o libretas abiertas en establecimientos de crédito o ahorro. Asimismo, le corresponde examinar y aprobar las facturas y recibos que se presenten a la Asociación para su pago, y firmar y entregar recibos relativos a cantidades percibidas por la Asociación”. Estos datos nunca se han hecho públicos y sólo se han conocido algunos por filtraciones de algún miembro de la ANC que ha tenido acceso a ellos.

El tesorero de la ANC es Jaume Valls i Baró que el pasado día 18 reenviaba un post de la delegación de esta entidad en Mataró en la que exigía al ayuntamiento de esta ciudad que hiciera público el coste de la instalación de una pantalla gigante en el Parque Central para que los ciudadanos vieran la final de la Eurocopa de fútbol entre España e Inglaterra. Valls, propietario de la empresa Papers@Papers y coordinador de la asamblea de Vilassar de Mar de l’ANC, nunca ha hecho públicos ninguno de los datos equiparables a los que su delegación de Mataró pide al ayuntamiento de los actos que ha organizado la entidad de la que es tesorero.

El máximo de información sobre el funcionamiento de la ANC que se puede encontrar en su web es que el equipo técnico lo forman 25 personas que trabajan en la sede nacional de la calle Marina, en Barcelona. En Wikipedia se afirma que «en enero de 2022 tenía 96.401 miembros, de los cuales 45.960 eran socios de pleno derecho (pagando cuota) y 50.441 estaban apuntados como simpatizantes (sin pagar cuota)». También se dice que en 2021 tuvo unos ingresos totales de 3.089.402,60 euros. El digital El Confidencial logró información sobre los ingresos de la ANC en 2017, que incluyeron 5,8 millones de donativos para la Caja de Resistencia y 2,3 millones en merchandising.

La excusa que exhibe la dirección de la ANC para negarse a publicar cómo gasta ese dinero es que la Ley de Transparencia obliga a hacerlo a las asociaciones y fundaciones que perciben más de 100.000 euros anuales de subvenciones o ayudas públicas. La ANC insiste en que no recibe ninguna ayuda pública. Numerosas ayuntamientos y administraciones, sin embargo, eximen a la entidad que preside Llach de pagar el coste de alquiler de locales o de la ocupación de espacios públicos que sí cobran a otras muchas entidades.

Queda claro, pues, que aunque rima con independencia, la transparencia no es el punto fuerte de la ANC.