El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado diez días a las partes de tres causas diferentes para que se pronuncien sobre la idoneidad de presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) antes de aplicar la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat QuimTorra, al exdiputado y exregidor de la CUP en Lleida PauJuvillà y al exalcalde de Agramunt, exdiputado y exconsejero de Exteriores BernatSolé. En el caso de Torra, también abre la puerta a presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El tribunal dice que todos los hechos son incardinables en la ley de amnistía, pero tiene dudas sobre si la propia ley vulnera preceptos constitucionales como la seguridad jurídica, la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, la igualdad de los ciudadanos ante la ley o la exclusividad de los juzgados de la potestad jurisdiccional, así como con los principios europeos de separación de poderes. Por eso, de momento, los magistrados no les aplican la medida de gracia.
Torra fue condenado en diciembre de 2019 a un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa por no descolgar una pancarta en apoyo a los políticos presos del balcón del Palau de la Generalitat en periodo electoral. Hace unos días la Fiscalía pidió la amnistía, Torra no se pronunció y Vox, acusación popular, pidió presentar cuestiones prejudiciales al TJUE.
Juvillà fue inhabilitado de manera firme durante seis meses por no descolgar unos lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida, pena que se consideró extinguida en mayo pasado. La Fiscalía se mostró favorable a aplicarle la amnistía, mientras que Juvillà se opuso porque ya tiene cumplida la pena.
Solé fue inhabilitado en 2021 durante un año por colaborar en las votaciones del 1-O en su localidad, pena que se declaró extinguida en enero pasado. La Fiscalía y la defensa pidieron la amnistía.