En el caso concreto de los abusos laborales a cientos, por no decir a miles, de los obreros empleados en la reforma del Camp Nou, sería interesante saber qué opina Enric Masip, el asesor del presidente Joan Laporta al que le pareció oportuno hacer suyo el contenido de las ideas de la extrema derecha, de Vox para arriba, sobre la migración en España, aludiendo a violaciones y asesinatos machistas por parte de emigrantes acogidos y metidos en el sistema social de ayuda y de integración. La excusa de Masip fue que sus retuits no eran opinión, que solo reflejaban una realidad contrastada. Por la misma razón, Enric Masip podría haber dado redifusión a las graves denuncias periodísticas, acreditadas por el Departamento de Trabajo de la Generalitat en sus inspecciones, sobre el grado de esclavismo, maltrato, excesos y actitudes segregacionistas y xenófobas aplicadas a los trabajadores de las obras del Camp Nou por las empresas subcontratadas de Limak y, subsidiariamente por el FC Barcelona, cuya junta ha reaccionado a estos hechos con una lamentable y vergonzosa despreocupación y tolerancia.
Ha sido El Periódico el medio que ha realizado una investigación profunda y documentada sobre hechos que nada tienen que envidiar a las condiciones de trabajo y despotismo atribuidos a la construcción de los estadios de fútbol de Qatar para el Mundial de 2022. En el último de sus informes, resume que «la Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Cataluña ha regularizado alrededor de 1,5 millones de euros en salarios impagados o mal pagados a casi 1.100 trabajadores subcontratados en las obras del Camp Nou. La autoridad laboral ha finalizado sus investigaciones y durante las últimas semanas ha ido notificando a las empresas y empleados afectados los resultados de las mismas». Estas inspecciones han acreditado incumplimientos generalizados de la normativa laboral con un balance más que llamativo, pues «de las 59 compañías subcontratadas participantes, la policía laboral ha podido acreditar faltas de distinta índole en 40 de las mismas. Parte de estas empresas siguen hoy en día operando en las obras del estadio, finiquitados ya los procesos de demolición e iniciados los de construcción de las nuevas instalaciones».
Es decir que ni por haber sido pillados con las manos en la masa ni ante la gravedad de estas infracciones, ni tampoco por la pésima imagen, tan perjudicial para el FC Barcelona, los responsables de la obra se han desviado de una línea de contratación y de explotación de los trabajadores, en su mayoría emigrante con nula formación, en situación más que precaria y completamente dependientes de un contrato de trabajo que garantiza los mínimos establecidos en el convenio del sector, pero que en la práctica totalidad de los casos no se cumple en cuanto a horarios, descansos, festivos y remuneración del jornal y de las horas extras.
A raíz de las primeras y alarmantes informaciones, «la Inspección de Trabajo, siguiendo su modus operandi habitual, ha optado por priorizar la vía del requerimiento. Es decir, instar primero a las empresas a que subsanen las irregularidades y, en caso de no hacerlo, ir por la vía de la sanción. La gran mayoría de las compañías inspeccionadas han optado por la primera opción, abonando unos 740.000 euros en salarios a los trabajadores y otros 360.000 euros a la Seguridad Social en concepto de cuotas impagadas. Las principales denuncias de los trabajadores se centraban en salarios mal pagados y jornadas maratonianas, por encima de lo que marca el convenio colectivo de la construcción de la provincia de Barcelona. La autoridad laboral también ha podido probar irregularidades en este segundo aspecto, concretamente ha aflorado 16.000 horas extras trabajadas y no cobradas en las obras. Lo que ha obligado a las subcontratas incumplidoras a abonar unos 310.000 euros por estos conceptos».
Según este mismo medio, además de estos 1,5 millones que habían tratado de ahorrarse entre noviembre de 2023 y enero de 2024, las denuncias no han terminado y Trabajo ya investiga el caso de las empresas que han atraído a trabajadores rumanos sin contrato. «Algunas presuntamente repiten parte de los fraudes ya acreditados. Eurobau SRL, filial rumana de Eurobau, que tiene su sede central en Hungría, ha publicado, ha estado expulsando durante las últimas semanas a decenas de trabajadores traídos desde Rumanía y que hospedaba en un hotel de Calella y que cada día llevaba y traía al Camp Nou. El motivo que denuncian estos obreros era que reclamaron el dinero que cada dos semanas de trabajo se les había prometido. Inspección de Trabajo, atendiendo a dichas denuncias, inició una investigación en la que, según un primer balance, ha podido detectar trabajadores presuntamente sin contrato y sin dar de alta en la Seguridad Social. Presuntos fraudes que, presumiblemente, derivarán en nuevos expedientes sancionadores a subcontratas operantes en el Camp Nou».
No hace falta insistir en que el resto de los medios, mayoritariamente, no han hecho seguidismo ni se han hecho eco de una situación con tendencia a cronificarse y a normalizarse en el tiempo pese a la magnitud y gravedad de las denuncias que, además, se complementan con nuevos episodios cada vez más alarmantes sobre las prácticas abusivas contra los trabajadores. El mismo medio acaba de publicar que «empresas subcontratadas en las obras del Camp Nou presuntamente han obligado a trabajadores a devolver el dinero aflorado durante las actuaciones de Inspección de Trabajo. Es algo que podría incurrir en un delito penal. También hay empleados que han sido obligados a devolver el dinero del finiquito una vez han rescindido su contrato. Al menos tres trabajadores han denunciado a este medio como sus empleadores les amenazaron con despedirles si no iban al cajero a retirar el dinero de sus cuentas y retornárselo a la compañía en efectivo, sin dejar rastro telemático».
La información remite al testimonio de trabajadores que, tras recibir un ingreso en su cuenta de 4.000 euros por liquidación de diferencia salarial, resultado de la aplicación del convenio y actualización con carácter retroactivo por las inspecciones y sanciones del Departamento de Trabajo, se encontraron con que sus capataces no les abonaban la nómina siguiente si antes no le devolvía a la empresa esa regularización de 4.000 euros, en billetes. Estas amenazas, por elevación, están siendo frecuentes entre los colectivos que habían estado trabajando casi un año cobrando por debajo del salario fijado por el convenio, ni tampoco las horas extras o las compensaciones por festivos. También se dan casos de cambio de empresas de los que los trabajadores no son conscientes para burlar las sanciones, poner el contador a cero de las vacaciones y eludir la antigüedad. Otros han denunciado que al acabar un contrato y firmar la liquidación «la empresa se queda el cheque» a cambio de la promesa de volver a contratarlos para otra empresa u obra.
La reforma del estadio azulgrana ya es una obra manchada por la práctica generalizada de una explotación laboral en el ámbito de la mano de obra primaria que, gracias al altavoz azulgrana, se empieza a conocer y que, sobre todo, ha puesto en el ojo de la opinión pública una masiva denigración y esclavismo de la emigración en Cataluña sin que las autoridades laborales hayan podido evitarla. Definitivamente, habría estado bien que otro trabajador del Barça como lo es Enric Masip, pese sus probadas infracciones estatutarias, hubiera recogido en sus redes esa otra realidad que sufren los emigrantes, sobre todo porque desconocen sus derechos y no conocen el idioma, y porque, fruto de su precariedad y de la necesidad de enviar dinero a sus familias, aceptan trabajos en las peores condiciones.
