No es ningún secreto que el abogado de Carles Puigdemont y de algunos de los principales protagonistas del procés independentista concita la animadversión de la alta magistratura española. En especial, por las victorias que ha conseguido en la defensa de sus clientes en varias instancias judiciales europeas. Gonzalo Boye también ha intervenido activamente en el redactado final de la ley de amnistía, que este jueves ha aprobado definitivamente el Congreso de los Diputados. Pero él no se podrá beneficiar.
Al contrario. El procedimiento que tiene abierto en la Audiencia Nacional por haber colaborado, supuestamente, en una trama de blanqueo de dinero urdida para beneficiar al narcotraficante gallego Sito Miñanco está a punto de entrar en la fase de juicio oral. Esto, después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el último recurso presentado por Gonzalo Boye, donde pedía que se le apartara de este caso.
La Fiscalía pide para el abogado de cabecera de los independentistas una condena de nueve años y nueve meses de prisión, además de una multa de 2,8 millones de euros por blanqueo de dinero y falsificación de documentos. Se nota que la alta magistratura se la tiene jurada y Gonzalo Boye tiene mala pieza en el telar.
