El pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha aprobado este martes su veto en la ley de amnistía a los encausados del procés. Con este paso, y después de dos meses de trámites y debates en la cámara alta, la propuesta podrá volver definitivamente al Congreso para ser votada de nuevo. Si supera ese paso, la norma quedará avalada definitivamente y sólo faltará que sea ratificada por el rey Felipe VI y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El debate celebrado antes de la votación ha servido para que los populares expusieran, una vez más, su oposición frontal a la ley entre acusaciones de «fraude democrático» y «mercadeo de poder». «Es como poner al zorro cuidando a las gallinas», ha resumido la portavoz del PP, Alicia García.
La votación del veto a la amnistía se ha hecho por llamada, por lo que cada uno de los senadores en la cámara han tenido que levantarse y verbalizar su posición respecto a la ley, lo que ha alargado el trámite casi media hora, recoge la ACN. Antes, los distintos grupos habían reiterado sus pociones, momento que ha permitido escenificar nuevamente la unidad existente entre el PSOE y sus socios de investidura en torno a la amnistía, que, previsiblemente, se votará antes de fin de mes en el Congreso .
El PP aparca el choque institucional
Por otra parte, el PP ha llevado a la Mesa del Senado un texto para la convocatoria de un pleno de la cámara alta este jueves, para «dejar sin efecto» el acuerdo del mismo pleno de plantear al Tribunal Constitucional un conflicto de competencias contra el Congreso por la ley de amnistía en el plazo de un mes. Los populares han congelado así la batalla que habían planteado entre el Senado y el Congreso, y evitan elevar ahora la cuestión al Constitucional. Según el PP, la decidión se ha adoptado por motivos técnicos, aduciendo que el Congreso no respondió como lo tenía que hacer y que hay que disponer de más tiempo para plantear el conflicto. Según el PSOE, la realidad es que lo hacen para evitar chocar con una respuesta negativa por parte del Constitucional.
Los populares han tenido que tomar esta decisión porque el plazo del acuerdo del pleno del Senado establecía que había que llevar el conflicto de competencias antes del 16 de mayo. El Senado estaba obligado, así pues, a presentar este conflicto si no quería incumplir sus propios acuerdos, y como el acuerdo de presentar el conflicto de competencias se había votado y aprobado en el pleno del Senado, tiene que ser el pleno, también, el que lo deje en suspenso. El texto que los populares llevarán a la cámara este jueves dice, textualmente, que «se hace necesario suspender, y en consecuencia dejar sin efecto» el acuerdo del pleno del Senado «que mandataba presentar el escrito» del conflicto de competencias «en el plazo de un mes desde la respuesta del Congreso».
El PP justifica la decisión por que la cámara baja no reunió un pleno para dar respuesta a su requerimiento, y únicamente aprobó un acuerdo de la Mesa del Congreso para decir que el Senado no tenía razón en sus planteamientos. En este sentido, el texto de los populares dice que hay que retirar el conflicto «por incumplimiento del supuesto procesal, a la espera de que, en su caso, el Congreso se pueda pronunciar en la forma correcta sobre la cuestión y se pueda formar debidamente la causa».
