El gobierno central ha anunciado este jueves su voluntad de llevar las leyes sobre memoria histórica que preparan el PP y Vox en Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León ante la ONU y la Unión Europea. Según han añadido fuentes del ejecutivo que lidera el socialista PedroSánchez, las propuestas legislativas de estos tres territorios son contrarias a los valores que recoge la ley de memoria democrática, motivo por el cual no descartan llevarlas al Tribunal Constitucional (TC) si se acaban aprobando. Además, quieren elevar el contencioso llevándolo a organismos europeos e internacionales como el relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas.
La Moncloa ha avanzado también que promoverá, a través de los socialdemócratas europeos, iniciativas para incluir este asunto en el orden del día de un pleno del Parlamento Europeo. Por otro lado, prevé ir al Consejo de Europa invocando la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Allí se quiere hacer un «debate urgente» en la asamblea parlamentaria y trasladar el caso a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos. Finalmente, el gobierno de Sánchez ha apuntado que pedirá la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
La ofensiva contra la modificación de las leyes autonómicas de memoria histórica que preparan el PP y Vox en varias comunidades autónomas llega después de que este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avisara de que los populares quieren «blanquear la dictadura» forzados por la presión de los de SantiagoAbascal allí donde gobiernan conjuntamente. «No se puede igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, privación de derechos, desapariciones y torturas con un periodo democrático, es inadmisible», ha argumentado el ministro, que ha indicado que las leyes mezclan la dictadura con la Segunda República para legitimar el franquismo.
