El gobierno central asume que a pesar de que Junts no ha condicionado públicamente la negociación de los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2024 a la de la ley de la amnistía, el éxito de las dos leyes está vinculado, porque «si no sale la amnistía pondrán problemas con los presupuestos». Fuentes del ejecutivo entienden que la formación de Carles Puigdemont «aprovechará hasta el último minuto» del plazo hasta el 7 de marzo para encontrar un entendimiento sobre la ley de amnistía, pero confían que no dejará que la ley caiga de nuevo.
Estas fuentes apuntan que «la otra vez se confiaron en el hecho de que hubiera más negociaciones», y «ahora presionarán hasta el último minuto para que la redacción se aproxime a la de ellos». Las mismas fuentes insisten en que el objetivo del ejecutivo es que la ley albergue la totalidad de personas investigadas por el 1-O, pero recuerdan, también, que serán los jueces los que lo tendrán que aplicar.
Previamente, la vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que ya trabaja con Junts en la negociación de los presupuestos generales del Estado (PGE) para el 2024, en unas conversaciones en paralelo a las de la ley de amnistía, porque los «interlocutores designados» de la formación de Puigdemont son «diferentes» y en este caso están especializados en «el área económica».
Después de la intervención de la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, que ha advertido que el bajo grado de ejecución de las partidas en Cataluña «es inexplicable, injusto e insostenible», Montero ha admitido que los porcentajes de ejecución «tienen que continuar mejorando», a pesar de que ha asegurado que ya han crecido con su gobierno.
