Uno de los signos de identidad de Cataluña son los puticlubs. Lo saben muy bien los turistas, los hombres de negocios y los camioneros que llegan hasta aquí. Esta es una lacra infame, sin comparación en la Unión Europea, que se eterniza sin que los grandes partidos políticos españoles con responsabilidades de gobierno hayan osado, hasta ahora, erradicarla.
El paradigma de esta vergüenza colectiva es el club Paradise de la Jonquera, considerado el mayor prostíbulo de Europa, que continúa funcionando a pesar de las graves irregularidades que acumula y de las actuaciones de la policía y de Hacienda contra su propietario, José Moreno. El visitante que llega de Francia por la autopista, lo primero que ve al pasar la frontera es la “zona roja” de la Jonquera, para escarnio de todos los catalanes. ¿Es así como queremos que se nos identifique?
Las diferentes percepciones que hay sobre la práctica de la prostitución entre las fuerzas de izquierda y dentro del movimiento feminista –dividido entre las abolicionistas y las que lo consideran una opción personal de la mujer, siempre que lo decida libremente– hacen que, en la práctica, las mafias internacionales de proxenetas encuentren aquí un territorio propicio para sus actividades criminales. Ahora, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado una próxima modificación del Código Penal para empezar a enmendar este lamentable atentado contra la dignidad de las mujeres que se ven forzadas a vender su cuerpo, bien sea por obligación o por necesidad.
Sin entrar en el fondo de la cuestión –como ya han hecho algunos países europeos (Suecia, Francia, Irlanda…), que han optado por la abolición y el castigo de los usuarios de la prostitución–, la medida legislativa que impulsa el PSOE es la persecución, con penas de prisión y multas, de los propietarios de los locales donde se ejerce esta actividad. Es conocido que muchos prostíbulos funcionan con la excusa formal que las mujeres que trabajan son simples inquilinas de las habitaciones y que, por consiguiente, no tienen una relación laboral con el titular del negocio, que es quien amasa grandes fortunas con esta farsa.
Cabe esperar que, en esta ocasión, los partidos de izquierdas y los diversos colectivos feministas se pongan de acuerdo con esta medida que propone la ministra Ana Redondo. Si prospera la proposición de ley socialista, se acabará, como mínimo, con la ignominiosa presencia de los puticlubs que proliferan en las grandes ciudades y a pie de carretera.
