La reacción del presidente del Barça, Joan Laporta, al revés judicial recibido en el último auto del juez sobre el caso Negreira no ha podido ser más infantil ni anacrónica. El magistrado ha resuelto, al menos por ahora, rechazar la personación del FC Barcelona como acusación en respuesta a una solicitud presentada por la junta de Laporta con la finalidad de poder pedir una reparación por los daños económicos ocasionados y el castigo correspondiente a los responsables encausados, Sandro Rosell, Josep María Bartomeu y otros exdirectivos de club, si se los condenase por alguno de los delitos propuestos por la Fiscalía y el juez instructor.
Laporta, utilizando el nombre del club en beneficio de su imagen, ordenó emitir un comunicado en el que se manifiesta el convencimiento de la inexistencia de cualquier irregularidad y al mismo tiempo justifica la acción legal “para posicionarse ante el pago a terceros”, además de subrayar que “bajo la dirección del presidente Laporta los pagos siempre se realizaron a la empresa que, en cada momento, se encargaba de esta función y nunca a personas o empresas terceras”, aludiendo a la doble facturación mediante una empresa de Josep Contreras, miembro de la comisión deportiva del Barça B y amigo personal de Ángel Maria Villar. En la nota oficial el club dice lamentar “que el auto notificado contenga opiniones y juicios de valor poniendo en duda la ética del presidente Joan Laporta cuando: 1.- Quien ha comparecido en el procedimiento y es investigado es el FC Barcelona -no su actual presidente. 2.- Es el Club el que ostenta el derecho de defensa en el procedimiento. 3.-En su caso, el Club podría ser también parte perjudicada”.
El juez, por el contrario, ha recriminado a Laporta que haya pretendido acusar a los expresidentes cuando él mismo cometió, con sus actuaciones, el mismo presunto delito. En todo caso, el magistrado Joaquín Aguirre le ha recordado en el auto que si se libra de estar imputado es por la prescripción técnica de los delitos de corrupción deportiva y administración desleal.
Tampoco considera, con sus fundamentos jurídicos que, estando el club como investigado, pueda ser al mismo tiempo acusación y parte afectada. O sea, que la jugada de Laporta de intentar cargar las tintas contra dos expresidentes le ha salido un poco al revés, seguramente porque los servicios jurídicos actuales, además de querer ir por libre, no estuvieron acertados a la hora de distinguir entre los pagos a Negreira y los concertados, realmente extraños e inexplicables, a través de Josep Contreras. Otra chapuza, que no es la primera ni la última del área jurídica.
