El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha librado este miércoles un documento de 12 páginas al presidente del gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, donde le propone que facilite su investidura para afrontar una legislatura que tendría solo una duración de dos años y en que el gobierno del PP activaría seis pactos de Estado. Feijóo ha hecho la propuesta durante la reunión en que Sánchez también ha pedido al líder del PP que se comprometa a hacer una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del 31 de diciembre, sea quién sea el presidente.
Durante el encuentro que los dos han mantenido en el Congreso, el líder del PP ha insistido en que, «como ha sido costumbre durante los últimos 45 años» y «en nombre de la centralidad», hace falta que el PSOE deje gobernar a la lista más votada, porque «de esta forma la influencia que pretenden tener los partidos independentistas quedaría desactivada» y se podrá «garantizar la igualdad de trato de los españoles». «No podemos permitir que la gobernabilidad de España se convierta en un bien a subasta» y esté sometida al «chantaje permanente» de los que «buscan privilegios particulares a costa y en perjuicio de la mayoría de los españoles», señala Feijóo en el documento.
Por este motivo, los populares proponen un gran «acuerdo por la igualdad y bienestar de todos los españoles» abierto a todas las formaciones políticas «que respeten los principios constitucionales», el cual incluiría seis pactos de Estado que parten de la premisa del acuerdo para «facilitar la formación de un gobierno de España» a través de la investidura de Feijóo para integrar un ejecutivo de 15 ministerios. Este gobierno, según el PP, seria solo para una legislatura que tendría una duración máxima de dos años, y el acuerdo partiría del compromiso de defender «la integridad territorial de la nación española» y rechazar «solicitudes de referéndum de independencia y de amnistía».
El primer pacto de Estado que propone el PP es el de la «regeneración democrática» que preserve la «división de poderes y la independencia de los organismos de control», empezando por los jueces; el segundo es un «pacto por el Estado del bienestar» que garantice la viabilidad del sistema de salud, el sistema educativo, la igualdad entre hombres y mujeres y las pensiones, «incluyendo en todo caso la revalorización anual»; el tercero es un «pacto por el saneamiento económico» que «garantice la solvencia de los más vulnerables y la clase mediana»; el cuarto es un «pacto por las familias» para «hacer posible la conciliación» y trabajar con los agentes sociales para encontrar fórmulas de compatibilizar la vida laboral y familiar; el quinto es un «pacto nacional del agua» para garantizar «el acceso a este recurso básico»; y el sexto es un «pacto territorial» para convertir el Senado «en una auténtica cámara de representación» y aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica.
