La activista independentista Tamara Carrasco ha reclamado al Ministerio de Justicia una indemnización de 24.660 euros por los 411 días que tuvo que pasar confinada en Viladecans mientras se le investigaba por el delito de desórdenes públicos, del que fue absuelta tanto en primera instancia como por el Tribunal Supremo.
Carrasco fue encausada por la supuesta promoción de las protestas de los CDR mediante el envío de un mensaje de voz, algo sobre lo que el Supremo, en 2022, no apreció «idoneidad incitadora» ni una pretensión de que sus amigos difundieran, a su vez, el mensaje.
Justicia ha notificado al abogado de la activista, Benet Salellas, que ha recibido esta reclamación patrimonial, para cuya tramitación dispone del plazo de un año, y para la que deberá solicitar un informe al Consejo General del Poder Judicial relativo al expediente de Carrasco, especifica Europa Press.
Si el ministerio concluyera que no corresponde una indemnización, la activista independentista podrá emprender acciones en los tribunales por vía contencioso-administrativa.
