El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares al hombre investigado por el envío de cartas con explosivos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, la base aérea de Torrejón de Ardoz y la empresa fabricante de armamento Instalaza.
Calama ha impuesto al investigado, Pompeyo González Pascual, un jubilado de la localidad de Miranda de Ebro, la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más cercano a su casa, la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y la obligación de fijar un domicilio y un número de teléfono para poder localizarlo.
El juez, al igual que la Fiscalía, considera que no existe un riesgo de destrucción de pruebas, una vez ya se han practicado las principales diligencias sobre el investigado, que ingresó en prisión el 27 de enero, y sobre quién se ha concluido que no hay indicios de que actuara en grupo, pero sí que pretendía «alterar gravemente la paz pública».
