40 entidades sociales se movilizan contra la reforma del Código Penal este jueves

Los representantes de 40 entidades sociales se han reunido este miércoles por la mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para mostrar su total rechazo a la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición e incorpora el de desórdenes público agravados. Las organizaciones y colectivos han anunciado que este jueves a las 19.30 horas se concentrarán en la delegación del Gobierno español, en la calle Mallorca de Barcelona, con un reclamo conjunto: no criminalizar el derecho a la protesta.

Las 40 organizaciones, entre las que se encuentran Alerta Solidaria, Ca la Dona, Élite Taxi, Irídia, Marea Blanca Cataluña, Òmnium Cultural, la PAH, el Sindicato de Inquilinas de Catalunña o el SEPC, han firmado un manifiesto conjunto en el cual alertan de que la propuesta de reforma «genera graves afectaciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho a la protesta» y que, si continúa adelante, «constituirá una nueva agresión a los derechos fundamentales de la ciudadanía y supondrá un retroceso en términos de democracia».

Las entidades sociales advierten de que la reforma incorpora «conceptos genéricos, subjetivos e indeterminados en su redactado que permitirían la arbitrariedad en la criminalización de un gran número de acciones que forman parte del derecho de protesta«, y consideran que el concepto de intimidación «comporta un alto grado de subjetividad y, previsiblemente, una mayor incriminación». Además, señalan que el hecho de que la invasión u ocupación de locales o espacios se considere delito sin que haya violencia ni intimidación «criminaliza de manera clara una expresión del derecho a la protesta indispensable», y «abre la puerta a criminalizar actuaciones en base a la mera hipótesis de que podrían llegar a poner en peligro el orden público».

Las 40 organizaciones firmantes del manifiesto aseguran que esta reforma «plantea un escenario de recorte de libertades fundamentales» y exigen que el Código Penal se adecue a los estándares internacionales sobre derechos humanos. «Ante la propuesta de reforma del Código Penal: basta de criminalización, ¡defendamos siempre el derecho a la protesta!», concluye el escrito.