40 entidades sociales se movilizan contra la reforma del Código Penal este jueves

Las organizaciones reclaman que no se criminalice el derecho a protesta

    Roda de premsa conjunta amb representats de 40 entitats socials

    Foto: @centre_IRIDIA

    Los representantes de 40 entidades sociales se han reunido este miércoles por la mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para mostrar su total rechazo a la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición e incorpora el de desórdenes público agravados. Las organizaciones y colectivos han anunciado que este jueves a las 19.30 horas se concentrarán en la delegación del Gobierno español, en la calle Mallorca de Barcelona, con un reclamo conjunto: no criminalizar el derecho a la protesta.

    Las 40 organizaciones, entre las que se encuentran Alerta Solidaria, Ca la Dona, Élite Taxi, Irídia, Marea Blanca Cataluña, Òmnium Cultural, la PAH, el Sindicato de Inquilinas de Catalunña o el SEPC, han firmado un manifiesto conjunto en el cual alertan de que la propuesta de reforma «genera graves afectaciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho a la protesta» y que, si continúa adelante, «constituirá una nueva agresión a los derechos fundamentales de la ciudadanía y supondrá un retroceso en términos de democracia».

    Las entidades sociales advierten de que la reforma incorpora «conceptos genéricos, subjetivos e indeterminados en su redactado que permitirían la arbitrariedad en la criminalización de un gran número de acciones que forman parte del derecho de protesta«, y consideran que el concepto de intimidación «comporta un alto grado de subjetividad y, previsiblemente, una mayor incriminación». Además, señalan que el hecho de que la invasión u ocupación de locales o espacios se considere delito sin que haya violencia ni intimidación «criminaliza de manera clara una expresión del derecho a la protesta indispensable», y «abre la puerta a criminalizar actuaciones en base a la mera hipótesis de que podrían llegar a poner en peligro el orden público».

    Las 40 organizaciones firmantes del manifiesto aseguran que esta reforma «plantea un escenario de recorte de libertades fundamentales» y exigen que el Código Penal se adecue a los estándares internacionales sobre derechos humanos. «Ante la propuesta de reforma del Código Penal: basta de criminalización, ¡defendamos siempre el derecho a la protesta!», concluye el escrito.

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