El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles la proposición de ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria con una amplia mayoría de 102 de los 135 diputados, gracias a los votos a favor de los representantes de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, el Partido de los Socialistas y En Comú Podem, las cuatro formaciones que lo habían pactado.
La iniciativa, que cuenta con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias en lo relativo a su adecuación al Estatuto y la Constitución, establece un nuevo marco lingüístico en las escuelas sin fijar ningún porcentaje, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fijara el mínimo del 25% de la enseñanza en castellano como obligatoria y ordenara al Departamento de Educación de la Generalitat garantizarlo.
La proposición de ley establece que el catalán es la lengua normalmente vehicular en la enseñanza y reconoce al castellano como lengua curricular, pero que se utilizará en los términos que concreten los proyectos de cada centro docente, en función de la realidad sociolingüística.
Ahora que la cámara catalana ha ratificado la iniciativa, resta que el gobierno de la Generalitat apruebe un decreto ley para completar la maniobra con la que el ejecutivo de Pere Aragonès pretende eludir la aplicación de la sentencia que obliga a Educación a garantizar que al menos el 25% de las clases se imparten en castellano. Mediante el decreto, prevé proteger a las escuelas en caso de eventuales denuncias de desobediencia contra los proyectos lingüísticos que elaboren.
