El primer juicio sobre los despidos que la dirección de Betevé, encabezada por Sergi Vicente, llevó a cabo el pasado mes de julio con el visto bueno del Consejo de Administración habría dejado al descubierto el plan de la empresa para ejecutar un ERE encubierto. A raíz de los datos extraídos de las actas de las reuniones entre la dirección y el Consejo, el Comité de Empresa se ha enterado de aspectos que Información y Comunicación de Barcelona (ICB), la sociedad municipal que gestiona el medio público, les «había escondido».
En un comunicado, el Comité ha informado de que, el 12 de mayo de 2021, Vicente ya anunció en una reunión que pretendía reducir gastos y pidió autorización al Consejo para hacerlo y contratar asesoramiento legal para aplicarlo. De hecho, se expuso un plan de actuación dividido en tres fases: la primera consistía en el despido de 20 personas, la segunda en modificar las condiciones de trabajo de la plantilla y la última en más despidos que no se podían realizar «antes de nueve meses», para así «esquivar lo que sería un despido colectivo», señala el Comité.
El Consejo dio luz verde al plan de Vicente y, a finales de junio de 2021, el director del medio público pidió al Ayuntamiento de Barcelona «una carta en la que se explique que la situación de Betevé es insostenible económicamente». Según el Comité, lo que Vicente dijo a los trabajadores es que el consistorio «había hecho llegar este escrito» por propia iniciativa. El nuevo contrato programa se presentó finalmente entre el 5 y el 11 de julio de 2021, y ya incorporaba los nueve despidos que se produjeron dos semanas después, el 23 de julio, por lo que, según el abogado de los extrabajadores, Paco Pérez, del Colectivo Ronda, la dirección y el Consejo de Betevé ya lo habían planificado con antelación.
Culminación del plan de choque
En octubre del 2021, un mes después de que se reanudaran las negociaciones entre el Comité y la dirección, Vicente dijo al Consejo que necesitaba 20 bajas para poder continuar con su plan de choque, por lo que había que realizar más extinciones de contratos. Este hecho hace pensar al abogado Pérez que todo se trató de un ERE encubierto, ya que «si sumamos los 9 despedidos de julio a las 20 bajas incentivadas que quiere el director, son 29 personas fuera de Betevé, y eso es más del 10% de la plantilla, por tanto, un despido colectivo«.
La defensa de los extrabajadores de Betevé destaca también el hecho de que, en diciembre de 2021, en una reunión entre la dirección y el Consejo, se planteara aplicar una reducción salarial del 5% sobre un complemento «únicamente a las personas que han ganado las sentencias judiciales«. Para el abogado de los despedidos, «considerar que las sentencias judiciales son la causa de los despidos es vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva y se convierte, al mismo tiempo, en una actuación que pretende incumplir las sentencias dictadas». En este sentido, Pérez pide que los despidos sean considerados nulos por vulneradores de los derechos fundamentales.
Complicidad a tres bandas
Por todo lo expuesto, la plantilla de Betevé considera que la dirección, con el apoyo del Consejo de Administración y el «visto bueno» del Ayuntamiento, habría «encubierto un proceso de despido colectivo», una acción que, destacan, sería «totalmente ilegal». En cuanto al Consejo, el Comité señala que el único miembro que no apoyó el plan de Vicente fue Carles Bosch, propuesto por Barcelona en Comú.
En relación con la situación económica de Betevé, los representantes de la plantilla aseguran que la cuenta de explotación es positiva y cargan contra el Ayuntamiento de Barcelona, socio único del medio público, por negarse a aumentar el presupuesto que destina. «Durante dos años consecutivos, la Administración local ha hecho los presupuestos más expansivos de su historia, por tanto, es contradictorio afirmar que la televisión pública está en situación de quiebra porque no hay dinero», manifiesta el Comité en el comunicado, destacando también que «a diferencia de Betevé, el Ayuntamiento ha aumentado el presupuesto de varias empresas municipales».