En esta revista ya hemos hablado en alguna ocasión sobre la dificultad que todavía hoy existe para que las prestaciones de la administración pública cubran de forma más eficiente las necesidades de los colectivos que se encuentran en situación de riesgo de pobreza. Estos días hemos tenido, de nuevo, más evidencias de ello.
Según el informe sobre la crisis alimentaria y la respuesta de la ciudad de Barcelona que se presentó el pasado diciembre por parte de la Xarxa per una Alimentació Adequada, que incluye el propio Ayuntamiento e instituciones como el Banc dels Aliments, Cáritas o la Cruz Roja, en 2020, entre los servicios sociales municipales y diferentes entidades atendieron a 195.272 personas con lotes de alimentos, comidas, ayudas monetarias y becas. Esto supone un incremento de un 111% respecto a 2019. Sin embargo, según datos de este informe no se llegó a toda la población que se encuentra en riesgo de pobreza, que se situaría en unas 419.000 personas.
Aunque algunas regiones o el Gobierno central han intentado avanzar hacia unas prestaciones que cubran la existencia material de las capas más desfavorecidas de la sociedad, lo cierto es que a pesar de las prestaciones como la que tiene Euskadi, con la renta garantizada de ingresos (RGI), Cataluña, con la renta garantizada de ciudadanía (RGC) o el ingreso mínimo vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno central, las capas de la sociedad más vulnerables, que se van quedando estancadas o, incluso, resultan expulsadas, no hacen más que ensancharse.
Este tipo de prestaciones, aunque han ido mejorando, tienen, según los expertos, un condicionante que se produce de forma reiterada. Es lo que en inglés llaman non take-up. Se trata de que cuando se ponen en marcha estas prestaciones a menudo requieren trámites muy farragosos, además de estigmatizar a las personas que las reciben. Es por ello que cada vez más y de forma más transversal la idea de una renta básica universal se va abriendo camino como una de las medidas para afrontar de manera más eficiente la desigualdad cada vez más patente en nuestra sociedad.
El Financial Times, el 4 de abril de 2020, cuando la pandemia impactaba duramente la economía debido a la emergencia sanitaria, decía que tal vez ideas que hasta ahora habían parecido excéntricas, como la renta básica universal o el impuesto a las grandes fortunas, serían necesarias para reconfigurar un sistema agotado y cada vez menos igualitario. Es una buena noticia que en Euskadi se esté promoviendo desde la sociedad una renta básica universal mediante una iniciativa legislativa popular, puesto que aunque la renta garantizada de ingresos (RGI) vasca es de las mejores prestaciones para sostener el bienestar y la existencia material del colectivo más pobre, todavía hoy no llega a un 30% de las personas que objetivamente la necesitan.
En Cataluña, donde existe la renta garantizada de ciudadanía, que nació como una prestación transformadora y que entre otras cosas quería en parte reducir las condicionalidades distintas que existían para pedir una prestación, a pesar de los avances significativos que ha hecho, todavía no da la cobertura necesaria.
En este sentido, el Gobierno de la Generalitat, el pasado 15 de diciembre, presentó la oficina del plan piloto que debe estudiar una prueba para implantar la renta básica universal (RBU) en Cataluña y que debería ponerse en marcha a finales de 2022 y beneficiaría a unas 5.000 personas. En Europa existe también una iniciativa por una renta básica que empezó a recoger firmas en septiembre de 2020 y que dispone hasta el 25 de julio de 2022 para conseguir el millón que necesita para que sea debatida en la Eurocámara.
En definitiva, la idea de la renta básica, que esencialmente lo que hace es quitar la condicionalidad para que toda persona que reside en un territorio reciba una asignación individual que debería ir acompañada de otras medidas, como una reforma fiscal, contribuiría sustancialmente a la eliminación de la pobreza estructural existente.
El informe Foessa de Cáritas explica que seis millones de personas en España se encuentran en situación de pobreza severa, 2,5 millones más que en 2018. La renta básica servirá, según sus defensores, para sacar a estas personas del estancamiento social y de la estigmatización que a menudo supone y hacerlas un poco más libres».
