La empresaria alemana Corinna Larsen sostiene ante la Justicia británica que los hechos por los que se querelló contra Juan Carlos I por presuntos delitos de acoso y difamación no pueden estar protegidos por la inmunidad estatal que el emérito alega seguir teniendo «a pesar de su abdicación» en 2014.
Entre este lunes y martes, la Corte número 13 de la Queen’s Bench Division del Tribunal Superior de Justicia londinense ha deliberado para decidir si admite o no la demanda de Larsen.
«No existe inmunidad estatal para las reclamaciones por daños personales (en este caso, ansiedad y daños psicológicos) causados por una acción u omisión en el Reino Unido en virtud de la excepción del artículo 5 de la Ley de Inmunidad de el Estado (State Inmunity Act , SIA)», argumenta la defensa de la empresaria alemana, ejercida por el letrado Robin Rathmell del despacho Kobre & Kim.
Corinna sostiene que el emérito, a través del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, la amenazó y asedió desde el 2012, cuando pusieron fin a su relación. Según la empresaria, el hostigamiento que asegura recibieron tanto ella como su entorno más cercano tenía la finalidad de que se mantuviera callada respecto a la información personal y económica que conocía del emérito.