La delegada instructora de la causa que el Tribunal de Cuentas abrió sobre la acción exterior de la Generalitat para promocionar el ‘procés’ independentista, EsperanzaGarcía, todavía no ha recibido el informe que reclamó a la AbogacíadelEstado sobre la legalidad de los avales que presentó el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para hacer frente a los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal.
Según ha publicado LaVanguardia, los servicios jurídicos del Estado no han entregado el informe y García está a la espera de recibirlo para proceder al embargo de los bienes de los 34 ex-altos cargos de la Generalitat, entre los que se encuentran los ex-presidentes ArturMas y CarlesPuigdemont; el líder de ERC, OriolJunqueras; y los ex-consejeros FrancescHoms, AndreuMas-Colell y RaülRomeva.
De los 34 acusados, 31 recurrieron al aval del ICF, que está pendiente de ser admitido por la instructora de la causa, la cual, ante las dudas sobre su idoneidad, pidió un informe al abogado del Estado, RafaelGarcíaMonteys. El letrado, sin embargo, pasó la consulta a la Abogada General, ConsueloCastro, que es quien finalmente debe pronunciarse sobre la legalidad del aval.
