El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales facilitados por la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), a 34 ex-altos cargos catalanes encausados por el órgano por gastos en la internacionalización del procés.
La delegada instructora del caso, Esperanza García, tiene dudas no sólo sobre la legalidad de los avales presentados por el ICF, sino también de su suficiencia, básicamente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades por dolo o culpa grave, que asume la propia administración perjudicada, según revelan El Confidencial y El Mundo citando fuentes del órgano que fiscaliza las cuentas y la gestión económica del sector público.
Esperanza García, antes de tomar una decisión, ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas un informe de la Abogacía del Estado sobre si el aval del ICF es admisible como fianza los 5,4 millones de euros reclamados a los ex-altos cargos catalanes, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras.
La petición del informe a la Abogacía del Estado se conoce antes de que el gobierno español se haya pronunciado públicamente sobre si considera ilegal el fondo creado por el gobierno catalán para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas. El presidente Pedro Sánchez afirmó que si llegan a esa conclusión, plantearán un recurso en contra del fondo.
