Elecciones bajo sospecha

La Unión Interparlamentaria es una institución con cierta solera. Fue creada en 1889 y actualmente es el principal interlocutor de las Naciones Unidas en cuanto a las funciones de las ramas legislativas de los Estados. Una de sus principales preocupaciones es, precisamente, garantizar la legitimidad de las cámaras representadas, lo cual tiene mucho que ver con la forma en que son elegidas por los ciudadanos. Por ello adoptó el 26 de marzo de 1994 una resolución titulada «Declaración sobre los criterios para unas elecciones libres y justas» que pone en cuestión las elecciones del 14 de febrero.

La Declaración afirma que «todo elector tiene la capacidad de ejercer su derecho en condiciones de igualdad con los demás y conseguir que su voto tenga un peso equivalente al de los otros». En Catalunya, un escaño barcelonés cuesta un mínimo de 38.496 papeletas, mientras que en Lleida sólo hacen falta 16.008; es decir, un voto barcelonés vale menos de la mitad que uno de leridano, y no parece que haya mucho interés para cambiar una realidad que desvirtúa los resultados de forma evidente. El único intento serio lo hizo el tripartito de Pasqual Maragall, que proponía un sistema similar al alemán; con dos urnas, una donde se elegirían 58 diputados que representarían a 58 circunscripciones a través de un sistema mayoritario, y una segunda donde se elegirían los 77 restantes a través de un sistema proporcional en función de los votos obtenidos en Cataluña.

Convergencia puso el grito en el cielo y respondió con un sistema mayoritario que dividía Catalunya en 135 circunscripciones. Un acto de gerrymandering que le otorgaba entre 70 y 72 diputados con sólo un 30% del voto. Una propuesta que hundió cualquier posibilidad de acuerdo para dejar de ser la única comunidad sin ley electoral propia. Pero el objetivo -mantener la ventaja electoral que el sistema español otorga al nacionalismo de ayer y al independentismo de hoy- se cumplió.

La declaración afirma que «todos los partidos, incluidos los que conforman el Gobierno, deben hacer una campaña electoral en las mismas condiciones». Curiosamente, poco antes del inicio de esta campaña electoral, el Gobierno de la Generalitat propuso un cambio en las reglas de juego para permitir que, en plena pandemia, los ciudadanos se saltaran el confinamiento municipal para asistir a mítines. Se da la circunstancia de que, en el momento en que se hacía este anuncio, los únicos partidos que se planteaban hacer actos presenciales eran ERC y JXC.

También se vulnera el punto donde dice que «todo candidato y todo partido político que participe en una elección respetará los derechos y las libertades de los demás» y que  ningún partido participará en actos de violencia”. De momento, JXC ha tenido que expulsar de su lista a un candidato para calificar de «puta histérica» a Ada Colau, pero ha mantenido a otros que comparan a los catalanes no independentistas con insectos y consejeros que hablan de Ejpaña y aseguran que «la única diferencia entre España y Mongolia es una medalla». Es el mismo partido del presidente cesado Quim Torra, aquel que animaba a «apretar» a los suyos poco antes del asalto al Parlament que tuvo lugar el 1 de octubre de 2018. ¿No les recuerda nada?

Quizás la vulneración más flagrante de los criterios para unas elecciones libres y justas es la que hace referencia a la neutralidad de los medios de comunicación públicos. TV3 se dedica a pasar rótulos cargados de insultos de su audiencia mientras se entrevista una candidata de un partido de la oposición y a la que el presentador interrumpe constantemente; llena su programación con debates donde el independentismo está claramente sobrerrepresentado; y, aún peor, hace desde los informativos un llamamiento a la insumisión de los miembros de las mesas electorales y una campaña del miedo con motivo de la pandemia, que sólo pueden buscar el fomento de la abstención y generar el caos durante las votaciones.

Se vulneran muchos otros principios, como el compromiso a aceptar los resultados -sólo hay que hacer un repaso a las declaraciones de muchos miembros del Gobierno en el momento de ser convocadas, desconvocadas y vueltas a convocar, para ver que la tentación de rechazar cualquier escrutinio no favorable es fuerte-, pero no hay espacio para más. Haría falta otro artículo para ser exhaustivos.

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