El independentismo apoya a la antigua Mesa del Parlament y a Boya ante las puertas del TSJC

Torrent afirma que "defender el libre debate parlamentario nunca puede ser delito"
Concentración independentista ante el TSJC

Los partidos y las entidades independentistas han apoyado este martes ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a los miembros soberanistas de la mesa del Parlament de la anterior legislatura (Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó) y a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, a los cuales se les acusa de un delito de desobediencia por haber impulsado las resoluciones soberanistas del procés que previamente habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha acompañado a los encausados y les ha agradecido no haberse convertido "en órganos censores" y haber permitido "los debates que se tienen que poder hacer con total normalidad y con principios democráticos en cualquier momento". Asimismo, desde su cuenta de Twitter, Torrent ha señalado que "defender el libre debate parlamentario nunca puede ser delito."

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha asistido a la movilización de acompañamiento a los miembros de la anterior Mesa del Parlament, puesto que tenía Consejo Ejecutivo, pero ha escrito un tuit dónde ha afirmado que "esta mañana cinco demócratas serán juzgados en el TSJC por presunta desobediencia por no atender al Tribunal Constitucional y tramitar resoluciones a favor del procés."

Por su parte, la expresidenta de la cámara catalana y máxima responsable de Mesa de la anterior legislatura, Carme Forcadell, que está condenada a 11 años y medio de prisión por el juicio del procés, ha asegurado en Twitter que es "otro juicio injusto" y ha subrayado que se "siendo orgulla de haber compartido Mesa y legislatura con ellos".

Después de tres aplazamientos, se prevé que este proceso judicial dure tres días. La Fiscalía pide a los encausados una pena de un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, y la Abogacía del Estado, a pesar de solicitar lo mismo para los antiguos miembros del máximo órgano del Parlament, reclama a Boya un año y cuatro meses de inhabilitación y una sanción económica de 24.000 euros. Vox, que ejerce de acusación particular, acusa a los cinco encausados del delito de organización criminal

 

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