El gobierno catalán evita exigir el confinamiento domiciliario en Lleida

El ejecutivo español considera que las medidas del decreto ley catalán, en principio, son constitucionales
Meritxell Budó
Meritxell Budó

La consejera de la Presidencia y portavoz del gobierno de la Generalitat, Meritxell Budó, ha ofrecido algunos detalles sobre el decreto ley con el que el ejecutivo de Quim Torra pretende establercer un marco jurídico para abordar los brotes de Covid-19 en Lleida y siete municipios más del Segrià, evitando que sus medidas las tumbe la justicia.

Después de exponer de entrada otras acuerdos de gobierno en su rueda de prensa de este martes, sin concretar ninguna medida contra los rebrotes del Segrià, Budó ha respondido las peticiones de concreción sobre el decreto ley, formuladas por los medios, explicando que no se trata de un confinamiento domiciliario. No obstante, el gobierno catalán no ha facilitado a los periodistas el texto del decreto ley, que será vigente cuando empiece este miércoles, 15 de julio.

En síntesis, según ha manifestado la consejera y portavoz, el gobierno catalán establece restricciones para entrar y salir de los municipios afectados, limita los encuentros de personas a 10 participantes y establece que los ciudadanos en aquel área sólo han que salir de casa para realizar actividades esenciales, incluidos el deporte y los paseos. Todos los comercios seguirán abiertos.

El decreto ley queda pendiente, en cualquier caso, de la aprobación judicial y será revisable cada quince días. El gobierno español, que había pedido a los ciudadanos del Segrià que obedecieran las instrucciones del gobierno catalán, ha manifestado este mediodía que no considera que el real decreto de la Generalitat contenga aspectos inconstitucionales.

La afectación del ejercicio de derechos fundamentales por parte de las medidas planteadas en las últimas horas por el gobierno de Quim Torra para abordar los rebrotes del Segrià se habían encontrado con el rechazo de un juzgado de Lleida, que consideró que el gobierno catalán había emitido una resolución desproporcionada para evitar "la aplicación de un estado de alarma parcial", que es una competencia estatal.

Por su parte, la Fiscalía había reiterado que si el decreto ley tocaba derechos fundamentales, sería ilegal y recurrible ante el Tribunal Constitucional.

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