En su blog leemos: "He hecho de diputado durante un buen número de años. Creo en la capacidad de la política para hacer de Cataluña un país mejor, más libre y más justo". Ahora dirige la Dincat, agrupación que atiende las personas que presentan discapacidad intelectual.
¿Cómo ha afectado la Covid-19 a las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual?
Las entidades de la Dincat han respondido dando sentido a su propósito, que no es ningún otro que atender y acompañar las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Han tenido que hacerlo durante las primeras semanas con un apoyo muy escaso de las administraciones y teniendo que buscar por su cuenta los materiales de protección para los profesionales y las personas usuarias de servicios. Estamos hablando de un colectivo que, según la OMS, tendría que ser prioritario en la atención durante la pandemia, en la medida que es especialmente vulnerable. Han sido, y todavía continúan siendo, días muy duros, que se han llevado la vida de docenas de personas con discapacidad intelectual, se han infectado centenares y tenemos un 10% de bajas de personal.
Algunas entidades se han quejado que la Administración no les ha facilitado las protecciones necesarias para trabajar estos días. ¿Ha sido así?
Efectivamente, los EPI de la Generalitat no empezaron a llegar con una cierta regularidad hasta Semana Santa. La gente se espabiló y desde la Dincat pusimos en marcha una campaña de financiación para cubrir la compra de material que se tuvo que hacer. No nos gusta, pero no hemos tenido más remedio.
¿Han tenido que anular muchos servicios?
Para evitar la extensión de la pandemia y garantizar la seguridad de personas y profesionales, los centros de atención diurna se tuvieron que cerrar. Sin embargo, nos hemos esforzado para que todos los centros residenciales y la atención en casa se mantuvieran, con la movilización de todo el personal de los servicios cerrados, sin EPI públicos, sin tests, pero con esfuerzo y riesgo de los profesionales y los equipos directivos de las entidades.
La Dincat representa más de 30.000 personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo viven la situación de confinamiento actual y las limitaciones en la atención recibida?
Con temor y con preocupación, como el conjunto de la sociedad, pero con algunas problemáticas añadidas derivadas de la dificultad para entender la situación, seguir las recomendaciones de distancia social y personal y de higiene, y con más afectación, está claro, en las familias más modestas, con padres y madres en ERTO o que han perdido el trabajo, con pisos más pequeños, sin poder ir a la escuela o a un centro ocupacional…, y todo lo que implica el sobrecoste económico que supone tener una discapacidad. Serán necesarios permisos retribuidos para poder atender a los hijos cuando se vuelva al trabajo, un ingreso garantizado para aquellas personas que hayan perdido el puesto de trabajo o la desaparición del copago para los servicios sociales.
¿Qué es lo que más necesitan estas entidades?
Los EPI, los tests y las desinfecciones continúan siendo prioritarios para garantizar la seguridad de todo el mundo; y en la perspectiva del regreso en el trabajo, habrá que diseñar un plan de desconfinamiento que responda a las necesidades específicas del colectivo, con EPI y tests, y garantizar que del sobrecoste que han tenido que asumir las entidades se haga responsable la administración.
El gobierno de la Generalitat se ha comprometido a pagar el 100% de los compromisos con los centros de atención a personas con discapacidad mental…
Sí, fue una buena noticia, después de unas primeras horas de vacilaciones y dudas del Gobierno. Ahora tenemos que garantizar un plan de choque tanto para el mantenimiento de la ocupación de las personas con discapacidad, que en los centros especiales nuestros son alrededor de 9.000, como para la viabilidad del sector; la Generalitat desde hace días ya tiene nuestras propuestas.
¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir las entidades de la Dincat si la situación actual se alarga?
Nuestras entidades son fruto de la iniciativa de la sociedad; tienen resistencia, cómo han demostrado estos días, pero si no hay un plan de choque el impacto se puede llevar una parte importante del sector. Y sería imperdonable.
¿Nuestra sociedad estaba preparada para responder a una pandemia como esta en cuanto a la atención a las personas con discapacidad mental?
Es muy evidente que no. Tengo que decir, pero, que las entidades que a principios de marzo empezaron a tomar decisiones estrictas por su cuenta han evitado el impacto de la pandemia hasta ahora.
¿Cómo valora la reacción de las administraciones públicas en esta crisis?
Han llegado tarde y no con la intensidad que se necesita. Muchas entidades y familias han tenido la percepción que no han sido prioritarias en la atención de los gobiernos. La OMS recuerda que la discapacidad tiene que ser prioritaria para los gobiernos en esta pandemia.
Dedicó muchos esfuerzos a temas sociales cuando estaba en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tendrían que hacer los políticos en estos momentos?
Son tiempo para acordar y pactar respuestas y soluciones, no para buscar réditos partidistas o desgastar el adversario. Cuando pensamos en el trabajo que se nos gira para reconstruir la economía y afrontar la crisis social, los partidismos, el oportunismo y todo esto está fuera de lugar.
