La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha embargado a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, para hacerle pagar la indemnización al empresario Emiliano Revilla, por cuyo secuestro, perpetrado por ETA en 1988, fue condenado a 14 años de cárcel en 1996.
Boye, que tenía que afrontar el pago de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) de manera solidaria con otros condenados, fue declarado insolvente después de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en 2008, pidiera que se investigara su patrimonio.
En 2018, Revilla reclamó que se reactivara el embargo de las cuentas de Boye, que la Audiencia Nacional, en una decisión adoptada sin unanimidad, ha acordado ahora.
El magistrado Ramón Sáez Valcárcel ha emitido un voto particular, ya que considera que el plazo para reclamar la indemnización a Boye concluyó. La Fiscalía también discrepa de la decisión de la Sala de lo Penal. Boye, por su parte, ha anunciado que recurrirá. Asegura que la responsabilidad civil prescribió en 2012 y que se trata de una reclamación sin precedentes.
Por otro lado, Boye está siendo investigado en la Audiencia Nacional por su supuesto papel en el blanqueo procedente del narcotráfico correspondiente a la causa de uno de sus clientes, el narco Sito Miñanco.
