Jordi Pujol no era partidario de las consultas populares y mucho menos de los referéndums. Por eso se resistió tanto como pudo al hecho que el Parlamento de Cataluña aprobara una ley que regulara la iniciativa legislativa popular. Lo reconoció en una carta que envió al secretariado permanente de su partido, Convergència Democrática de Cataluña, en la cual también mostraba su aversión a los referéndums populares.
Este documento forma parte de los Papeles secretos que publica el semanario EL TRIANGLE y que proceden del archivo de un alto cargo de la Generalitat pujolista. La carta está fechada el 9 de junio del 1992 y Jordi Pujol la envió con el sello de Presidencia de la Generalitat, con la confusión habitual que caracterizó sus mandatos entre los cargos de partido y los de representación pública.
La carta dice textualmente: “Tanto Iniciativa por Cataluña como Esquerra Republicana estarán muy encima con el tema de la iniciativa legislativa popular (ILP). Durante mucho tiempo hemos ido dando largas, pero ahora se hará difícil seguirlo haciéndolo. Está claro que simplemente podemos hacer valer nuestra mayoría, y listos. Es lo que hemos hecho durante las últimas semanas, y creo que nos va bien. Pero en este caso la argumentación política que tenemos para rechazar la propuesta es dialécticamente hablando muy vulnerable. Por otro lado, abrir la puerta de los referéndums sería una complicación gorda”. Pujol acababa la comunicación pidiendo los miembros del secretariado permanente de CDC que pensaran qué podían hacer ante la presión de la oposición parlamentaria para que se aprobara una ley que regulara las iniciativas legislativas populares. Que pensaran y que hablarían más adelante.
El 1992, Jordi Pujol gobernaba con mayoría absoluta en el Parlamento. La había obtenido por tercera vez consecutiva en las elecciones del 15 de marzo de aquel año. La coalición que le apoyaba, CiU, obtuvo 70 diputados, dos más de los que marca la mayoría absoluta. Los socialistas obtuvieron 40 diputados, Esquerra Republicana, 11 e Iniciativa por Cataluña, 7. Los otros 7 diputados de la Cámara fueron para el Partido Popular.
Podía, por lo tanto, negarse a aprobar cualquier propuesta surgida de la oposición, pero se daba cuenta que oponerse a una ley que facilitara las consultas ciudadanas sería muy impopular.
Sin embargo, la ley que acabaría regulando las iniciativas legislativas populares tardaría casi tres años en ser aprobada. Fue la segunda ley aprobada por el Parlamento en 1995 y se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat el 5 de abril de aquel año.
La ley era bastante exigente con los trámites que tenían que cumplir los ciudadanos para que una ILP fuera debatida en el Parlamento. Exigía 65.000 firmas, que se tenían que recoger en un plazo máximo de 90 días hábiles entre catalanes de más de 18 años. Once años más tarde, bajo el mandato del gobierno tripartito de izquierdas, se aprobó una modificación de la ley que rebajó el número de firmas exigidas a 50.000 y la edad de los que la podían avalar a los 16 años. También se ampliaba el plazo de recogida de firmas hasta los 120 días hábiles.
Si las iniciativas legislativas populares no entusiasmaban a Pujol todavía lo hacían menos los referéndums. Poner esta opción en manos de los ciudadanos lo consideraba una “complicación gorda”.
Por eso durante los 23 años que fue presidente de la Generalitat, el Parlamento no aprobó ninguna norma que regulara los referéndums o las consultas populares.
No fue hasta el 2014 que el Parlamento aprobó, con Artur Mas de presidente, la ley de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. Era una ley dentro de la cual no cabía la celebración de un referéndum de autodeterminación como el que se celebró el 1 de octubre del 2017. Para intentar habilitarlo, el Parlamento aprobó la ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña el 6 de septiembre anterior.
Pujol tenía razón: aquel referéndum llevó una “complicación gorda”.
