Reprimenda del TSJC al gobierno Torra por Vacamorta

Desestima el recurso de la Generalitat y considera que es una "burla" a la sentencia que obliga a vaciar el vertedero
La reunión del gobierno de la Generalitat de este 27 de agosto
La reunión del gobierno de la Generalitat de este 27 de agosto

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha cargado una vez más contra el comportamiento del gobierno de la Generalitat en relación al vaciado del vertedero de Vacamorta (Baix Empordà), ordenado por una sentencia dictada en 2014 por el Tribunal Supremo y marcado inicialmente por un plazo de dos años y medio en 2015.

En el auto con el que desestima un recurso de reposición que planteó la Generalitat este mes de mayo para tratar de ampliar el plazo de realización de esta limpieza, el TSJC considera que este recurso es una "burla" a la sentencia y "una falta de respeto" al alto tribunal.

Argumenta que el gobierno catalán hace cuatro años que pide aplazamientos de los trabajos de vaciado aduciendo que no tiene suficiente tiempo y que llegó a concederle seis meses de cortesía en 2017. No es la primera vez que la justicia acusa al gobierno catalán de dilatar el proceso de retirada de residuos y de no quitar "ni una mísera tonelada". Durante la presidencia de Carles Puigdemont, el consejero Josep Rull optó por no iniciar el vaciado y seguir por la vía de los tribunales, que han instado reiteradamente al gobierno a ejecutar el desmantelamiento.

El Ayuntamiento de Cruïlles -el municipio donde se encuentra el vertedero- y la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) quieren que se reactive la comisión de seguimiento del vaciado y han manifestado que pedirán al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, una reunión sobre la cuestión.

Un negocio de Jordi Pujol Ferrusola
El vertedero, que funcionó de 2000 a 2014 y acumuló más de dos millones de toneladas de residuos, no estaba previsto en los planes urbanísticos del municipio, motivo por el que la justicia lo tumbó.

Inaugurado durante el último mandato de Jordi Pujol, es uno de los negocios investigados por la Audiencia Nacional en el caso Pujol. Según un informe entregado por la UDEF al juez instructor José de la Mata, el hijo primogénito del expresidente Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, fue uno de los inversores de este negocio, impulsado por Gustavo Buesa y Josep Mayola, y a partir de una inversión de 426.000 euros obtuvo 5,5 millones de euros cuando el negocio lo adquirió FCC, en 2003, por 13,2 millones.

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